MANIFIESTO CONJUNTO DE STE-CLM, CCOO Y FETE-UGT EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA
Los abajo firmantes, usuarios y/o trabajadores de la educación y del resto de servicios
públicos castellanomanchegos queremos mostrar nuestro contundente rechazo a los
ataques de los que está siendo objeto la enseñanza pública por parte del gobierno
regional.
Por más que quieran confundir a los ciudadanos, no estamos ante un conflicto laboral,
sino ante un atentado contra la calidad de la enseñanza y contra el empleo. Con cinco
millones de parados y una escuela necesitada de más recursos, el recorte de puestos
de trabajo que se ha producido este comienzo de curso es inadmisible. El gobierno
regional pretende que unos trabajen más y peor para que otros muchos dejen de
trabajar o no consigan el puesto de trabajo para el que se han preparado y en el que
tenían puestas sus esperanzas. El potencial destructor del decreto recientemente
aprobado es monumental. Ha provocado ya la pérdida de mil empleos en la
enseñanza secundaria y destruirá muchos más cuando se aplique íntegramente en
todos los niveles educativos.
Además de la pérdida masiva de empleo, el decreto amenaza con convertir los centros
educativos en meros dispensarios de clases. Algunos responsables políticos parecen
creer que basta con un aula, un grupo de alumnos y un maestro o maestra o un
profesor o profesora que explique una materia. Pero la enseñanza es mucho más. Los
cambios que el gobierno pretende introducir en la jornada docente suponen reducir o
eliminar el tiempo y los recursos necesarios para reforzar y apoyar a los alumnos que
más lo necesitan, tutorizar a los alumnos y sus familias, hacer guardias, programar,
preparar, corregir, coordinarse, atender bibliotecas, realizar actividades
extracurriculares o extraescolares… Estos cambios obliga además a muchos docentes
a impartir materias en las que no están especializados. Si a todo esto unimos la
negativa de la Consejería a sustituir las bajas del profesorado de duración inferior a
cuatro semanas, se condena a los alumnos a no recibir durante ese periodo clases
impartidas por profesorado especializado o a ser atendidos cada hora por la persona
que en ese momento esté disponible. Nadie puede negar que esto producirá una
pérdida de calidad de la enseñanza y un deterioro del sistema educativo contra el que
protestamos hoy y contra el que seguiremos protestando.
Pero el Plan de recortes de la presidenta Cospedal contiene más medidas. Se propone
desmantelar la red de formación del profesorado, eliminar las Ofertas de Empleo
Público, recortar los ya exiguos presupuestos para gastos de funcionamiento de los
centros, etc…
Y nos tememos que esto no ha hecho más que empezar. Ya se ha anunciado que los
presupuestos de 2012 contendrán nuevas reducciones. Mucho nos tememos que tras
las elecciones del 20 de Noviembre el gobierno regional, libre ya de las limitaciones
que se autoimpone para no perjudicar sus expectativas electorales, desarrollará
plenamente su Plan de recortes y lo completará con nuevos tijeretazos.
Ya estamos viendo que los recortes van más allá de los docentes y están afectando a
las vacantes y a las sustituciones del personal laboral de los centros educativos. Se
está produciendo también un goteo de despidos entre los funcionarios de la
administración general y se prevé que el recorte de 400 millones de euros en Sanidad
lleve consigo una pérdida considerable de puestos de trabajo y una merma en la
calidad de las prestaciones.
Por eso hacemos un llamamiento a los usuarios de los servicios públicos, que somos
todos, para exigir juntos el mantenimiento y la mejora de su calidad. Tenemos que
mantener y mejorar lo que tenemos, no destruirlo. La destrucción o el empeoramiento
de los servicios públicos condena a los ciudadanos a pagar a entidades privadas para
obtener la atención que desean, algo que sólo podrán permitirse los que más tienen.
Sólo los servicios públicos pueden garantizar una atención de calidad para todos,
llegando allí donde la atención privada no es negocio y atendiendo a todos los
ciudadanos.
Para defender la calidad de los servicios públicos todos debemos estar activos y
vigilantes. Y lo estaremos. Seguiremos movilizándonos e invitando a la sociedad a
compartir la movilización con nosotros.
Los abajo firmantes, usuarios y/o trabajadores de la educación y del resto de servicios
públicos castellanomanchegos queremos mostrar nuestro contundente rechazo a los
ataques de los que está siendo objeto la enseñanza pública por parte del gobierno
regional.
Por más que quieran confundir a los ciudadanos, no estamos ante un conflicto laboral,
sino ante un atentado contra la calidad de la enseñanza y contra el empleo. Con cinco
millones de parados y una escuela necesitada de más recursos, el recorte de puestos
de trabajo que se ha producido este comienzo de curso es inadmisible. El gobierno
regional pretende que unos trabajen más y peor para que otros muchos dejen de
trabajar o no consigan el puesto de trabajo para el que se han preparado y en el que
tenían puestas sus esperanzas. El potencial destructor del decreto recientemente
aprobado es monumental. Ha provocado ya la pérdida de mil empleos en la
enseñanza secundaria y destruirá muchos más cuando se aplique íntegramente en
todos los niveles educativos.
Además de la pérdida masiva de empleo, el decreto amenaza con convertir los centros
educativos en meros dispensarios de clases. Algunos responsables políticos parecen
creer que basta con un aula, un grupo de alumnos y un maestro o maestra o un
profesor o profesora que explique una materia. Pero la enseñanza es mucho más. Los
cambios que el gobierno pretende introducir en la jornada docente suponen reducir o
eliminar el tiempo y los recursos necesarios para reforzar y apoyar a los alumnos que
más lo necesitan, tutorizar a los alumnos y sus familias, hacer guardias, programar,
preparar, corregir, coordinarse, atender bibliotecas, realizar actividades
extracurriculares o extraescolares… Estos cambios obliga además a muchos docentes
a impartir materias en las que no están especializados. Si a todo esto unimos la
negativa de la Consejería a sustituir las bajas del profesorado de duración inferior a
cuatro semanas, se condena a los alumnos a no recibir durante ese periodo clases
impartidas por profesorado especializado o a ser atendidos cada hora por la persona
que en ese momento esté disponible. Nadie puede negar que esto producirá una
pérdida de calidad de la enseñanza y un deterioro del sistema educativo contra el que
protestamos hoy y contra el que seguiremos protestando.
Pero el Plan de recortes de la presidenta Cospedal contiene más medidas. Se propone
desmantelar la red de formación del profesorado, eliminar las Ofertas de Empleo
Público, recortar los ya exiguos presupuestos para gastos de funcionamiento de los
centros, etc…
Y nos tememos que esto no ha hecho más que empezar. Ya se ha anunciado que los
presupuestos de 2012 contendrán nuevas reducciones. Mucho nos tememos que tras
las elecciones del 20 de Noviembre el gobierno regional, libre ya de las limitaciones
que se autoimpone para no perjudicar sus expectativas electorales, desarrollará
plenamente su Plan de recortes y lo completará con nuevos tijeretazos.
Ya estamos viendo que los recortes van más allá de los docentes y están afectando a
las vacantes y a las sustituciones del personal laboral de los centros educativos. Se
está produciendo también un goteo de despidos entre los funcionarios de la
administración general y se prevé que el recorte de 400 millones de euros en Sanidad
lleve consigo una pérdida considerable de puestos de trabajo y una merma en la
calidad de las prestaciones.
Por eso hacemos un llamamiento a los usuarios de los servicios públicos, que somos
todos, para exigir juntos el mantenimiento y la mejora de su calidad. Tenemos que
mantener y mejorar lo que tenemos, no destruirlo. La destrucción o el empeoramiento
de los servicios públicos condena a los ciudadanos a pagar a entidades privadas para
obtener la atención que desean, algo que sólo podrán permitirse los que más tienen.
Sólo los servicios públicos pueden garantizar una atención de calidad para todos,
llegando allí donde la atención privada no es negocio y atendiendo a todos los
ciudadanos.
Para defender la calidad de los servicios públicos todos debemos estar activos y
vigilantes. Y lo estaremos. Seguiremos movilizándonos e invitando a la sociedad a
compartir la movilización con nosotros.
