“DEFENSORES DE LO PÚBLICO EN ESTADO DE SITIO”
En las últimas semanas, la sociedad castellano manchega está asistiendo y sufriendo una serie de hechos, más propios de una época pasada que del siglo XXI. En ciudades como Cuenca o Talavera, asiduos de las muchas manifestaciones que representaban el malestar de un colectivo, no delincuentes, han recibido una serie de “amonestaciones” que rondan los 500, 600 u 800 euros, y en un caso, una citación judicial. Desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales, de la que forma parte la Intersindical, se está haciendo una caja de resistencia que nos sirva de sostén económico y moral ante estos ataques, así como recogida de firmas y solicitar una entrevista personal con José Julián Gregorio, subdelegado de Gobierno.
Docentes, madres, padres, desempleados, alumn@s, etc. estamos perseguidos y fichados por la policía como delincuentes; cuando lo único que hacemos es ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Se ha imputado a estas personas apercibidas, la organización y coordinación de tales eventos, cuando no ha sido tal. O acusado de desacato a la autoridad; cuando todo el mundo sabe que, ante todo somos personas educadas y pacíficas.
Nos están negando, la libertad de concentración y expresión, reprimiendo y amedrentando. Pretenden instaurar una sociedad basada en el miedo y la censura.
Resulta esperpéntico, pensar que la mano que firma estas “multas”, el subdelegado de Gobierno, es un docente del sector público, un compañero nuestro.
¿Tanto miedo les damos? ¿O esta es su simple y elocuente forma de recaudar dinero en estos momentos críticos?; cuando, muchas de esas personas señaladas son desempleadas, gracias a las medidas drásticas tomadas por este gobierno.
La marea verde, solo ha hecho gala de civismo, educación y buenas formas, para rechazar el ataque y la destrucción del Estado de Bienestar. Pero estas multas no acabarán con nuestra conciencia de sociedad justa, libre, democrática y equitativa, que defiende unos derechos de todos y para todos. Este es un estado excepcional, pero debemos seguir luchando y resistiendo, por nuestras escuelas, por nuestros pueblos, por nuestros derechos.
Vaciarán nuestros bolsillos, pero no nuestras mentes.
COMUNICADO DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DERECHOS SOCIALES ANTE LAS MULTAS
El 15 de mayo, Pablo, trabajador de la enseñanza actualmente en paro gracias a las políticas de recortes del PP de CLM, se encontraba en la Plza. De la Trinidad ejerciendo sus derechos ciudadanos en una concentración en pro de la enseñanza pública. Le fue requerido su DNI por agentes uniformados de la policía. Por supuesto Pablo entregó su carné, momento en el que el policía le comentó “que no iba a pasar nada”. Cuál no sería su sorpresa cuando meses después le llegó una multa de 500 euros por organizar una concentración ilegal, cuando él no organizó nada, simplemente estaba allí. A Juan, del Sindicato de Estudiantes, le han enviado una citación para ir a declarar el 5 de diciembre en los juzgados por “desobediencia a la autoridad”. Lo único que hizo Juan fue solicitar al agente su número de placa, algo perfectamente normal y democrático a lo que está obligada la policía, tras serle requerido su DNI en una concentración de madres frente al Ayuntamiento, que protestaban por la desaparición de las ayudas a los comedores escolares de sus colegios. Por supuesto Juan dio su DNI sin ningún tipo de problemas. Se da además la circunstancia de que Juan viene siendo molestado por la policía en su puesto de trabajo e incluso en su propio domicilio desde hace meses sin que concurra ninguna circunstancia para ello, sólo la mentalidad fascistoide incrustada en algunos miembros de las fuerzas de seguridad. También a otras madres presentes en aquella concentración, a Prado, Doménica y Teresa, madres que por cierto fueron recibidas en el Ayuntamiento por el alcalde de Talavera, Julián Lago, les han llegado multas de hasta 800 euros por estos hechos, cuando ellas presentaron su DNI sin ningún problema. A Sonsoles y a Chusa, que nada menos que el 10 de febrero protestaban por el cierre de los centros de acogida de mujeres maltratadas, también se les han puesto multas de la misma cuantía, derivadas de informes presentados por miembros de la policía secreta que actuaron en todo momento de forma chulesca.
Estas multas, a juicio de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Derechos Sociales de Talavera, suponen un ataque contra toda la ciudadanía por lo siguiente:
1)Estos compañeros estaban ejerciendo sus libertades civiles y democráticas, como la libertad de reunión o de expresión, derechos que han costado muchos años, y mucha sangre derramada, en España. El nulo respeto a estos ideales, que constituyen la esencia misma de la democracia, habla bien a las claras de las posiciones reaccionarias y fascistoides del partido que gobierna.
2)Estos compañeros estaban defendiendo los servicios públicos y los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía frente a unos recortes que amenazan con destruir el estado del bienestar y retrotraernos a la edad de piedra. Pretender, con la que está cayendo, con la miseria económica y moral a la que nos vemos sometidos, que una ciudadanía madura, responsable y democrática no proteste en la calle, pretender amordazar al pueblo con multas y represión es propio de las dictaduras más ca
sposas y de personas que viven ajenas al mundo en el que viven.
3)En todas estas acciones las protestas se han desarrollado siempre de forma pacífica y responsable. No ha habido ni ruido, ni destrucción de material urbano, ni cortes de tráfico, ni nada que pudiera justificar estas multas. En concreto las concentraciones en defensa de la escuela pública, los jueves por la tarde en la Trinidad, se vienen desarrollando desde hace un año sin ningún tipo de incidentes, lo que demuestra la madurez democrática de los compañeros.
4)Todas estas multas, en definitiva, sólo buscan reprimir a los sectores más concienciados de la ciudadanía, personas que luchan por una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Buscan amedrentarnos y que nos quedemos en nuestras casas, anestesiados, viendo su mediocre televisión, mientras ellos, nuestros políticos siguen ejecutando verdaderos atentados contra la salud, la educación, los derechos y la dignidad de la ciudadanía. No lo van a conseguir.
5)Hacemos personalmente responsable de toda esta escalada de represión al subdelegado del gobierno en la provincia de Toledo,José Julián Gregorio, quien demostrando su particular modo de entender las cosas ha llegado a tramitar informes el día después de su toma de posesión en el cargo (los informes con fecha del 10 de febrero), y quien para más inri ha sido profesor en la educación pública durante muchos años, con lo que demuestra una especial insensibilidad hacia sus propios compañeros, que lo único que defienden es una escuela pública de calidad.
Por todo ello solicitamos una entrevista inmediata con el subdelegado del gobierno para que nos dé explicaciones. Sin perjuicio, por supuesto, de que si estas explicaciones no nos satisfacen llevemos a cabo acciones más amplias.
Adjuntamos hoja de recogida de firmas contra estas actuaciones.
