MANIFIESTO 13 DE DICIEMBRE
Los ataques que está sufriendo la educación pública son continuos, tanto en Castilla-La Mancha como en el conjunto del país, fruto de la conjunción de los ataques del gobierno central y los gobiernos autonómicos. Como respuesta a estos ataques, la Comunidad Educativa educativa tiene que seguir luchando en la calle. Para hacerlo, hemos convocado una jornada de lucha el 13 de Diciembre en todo el país.
En Castilla-La Mancha, la última ocurrencia de nuestra Consejería es ofertar cursos de formación que servirán para tener trabajadores sin abonarles un salario y no cubrir así las bajas del profesorado.
A esto tenemos que sumarle los continuos recortes que degradan día tras día la educación pública, ésa que tanto nos costó conseguir.
El Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley educativa, la LOMCE, una ley represiva, que nos retrotrae a una época franquista. Ésta es una ley segregadora, antidemocrática, donde la libertad de elección de centro nos lleva a una privatización encubierta de la educación pública; donde el Consejo Escolar pierde su capacidad decisoria y todo el poder se traspasa a manos del director, que podría llegar a decidir, con nombres y apellidos, quiénes trabajan en su centro, y, a través de la evaluación de los docentes, podría tener en sus manos las retribuciones del profesorado.
Es una ley que contiene una gran carga ideológica neoliberal, que deja de entender la educación como un derecho universal que el estado tiene la obligación de garantizar en condiciones de calidad a través de una red de centros de titularidad pública, pasando a considerarla como un bien sujeto a la oferta y la demanda y que podrá ser proporcionado indistintamente por centros privados o públicos, limitándose éstos últimos a proporcionar unos mínimos que, quien pueda permitírselo, podrá complementar pagando a centros privados sostenidos, eso sí, con fondos públicos.
Idéntica carga ideológica tienen la concertación de colegios que segregan al alumnado en función de su sexo, la cesión a las presiones de la iglesia católica para afianzar la clase de religión, reservando la educación en valores cívicos para aquellos alumnos que no la escojan, los continuos ataques del gobierno central y de los gobiernos autonómicos al uso de la lengua propia como eje vehicular de la enseñanza en cada territorio, o el endurecimiento de las condiciones para la obtención de los títulos académicos y el acceso a la universidad de los hijos e hijas de la clase trabajadora debido a la subida demencial de las tasas universitarias.
Esta ley es una imposición que nace sin debate y sin un diagnóstico previo, nace para consolidar los recortes, sin consulta a la comunidad educativa, que somos quienes hemos de soportar sus ataques.
Es imprescindible que la sociedad, en su conjunto, y la comunidad educativa, en particular, seamos conscientes de la vuelta de tuerca que supone esta contrarreforma.
Esta ley supone una pérdida del derecho a la educación, a una educación pública de calidad, que garantice el derecho a la equidad social.
Por si fuera poco, nos quieren callar con medidas represivas, con amenazas y con coacciones, pero no nos vamos a callar, vamos a seguir luchando en todos los escenarios: en los colegios,, institutos, universidades, en las Ampas y en la calle.
No nos vamos a rendir hasta que consigamos derogar y tumbar estas leyes que atentan contra las personas, contra su formación y sus oportunidades.
Vamos a seguir defendiendo una Educación Pública, de Calidad, Laica y Democrática
13 DE DICIEMBRE
