La Audiencia duda de que suprimir la paga extra sea constitucional
El tribunal sostiene que puede vulnerar la irretroactividad que garantiza la Constitución.
La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad de la eliminación de la paga extra al personal laboral de la Administración y de las empresas públicas aprobada por el Gobierno el pasado 13 de julio. La Sala de lo Social ha emitido una providencia en la que pregunta a los sindicatos y a la Abogacía del Estado sobre la pertinencia de presentar una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En caso de que finalmente la presente, los argumentos del alto tribunal podrían afectar también a la eliminación de esta retribución a los funcionarios, según fuentes judiciales.
Las dudas sobre la constitucionalidad de la medida se basan en la doctrina del Tribunal Supremo que reiteradamente ha asegurado que las pagas extraordinarias, entre ellas la de Navidad, forman parte del salario del trabajador. La única diferencia respecto al resto de pagas es que se devenga a lo largo de todo el año. El tribunal considera que la medida podría atentar contra el derecho a la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, ya que fue adoptada el 13 de julio, por lo que estos trabajadores, ese día, tendrían derecho ya a, al menos, 14 días de esa paga extra.
La Constitución prohibe la retroactividad de las disposiciones penales, sancionadoras o restrictivas de derechos individuales en su artículo 9.3. El artículo 2.2 del decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria estableció que “el personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación”.
Existe un precedente, en Portugal, donde el Tribunal Constitucional dictó que la supresión de las pagas extras a los funcionarios vulneraba el principio constitucional de igualdad y, por tanto, es discriminatoria.
