Los sindicatos españoles STES, FECCOO, FETE-UGT pedimos con esta resolución apoyo internacional para mostrar nuestro rechazo a los recortes en la educación en España a la retirada inmediata de la reforma educativa que el gobierno del PP español quiere imponer.
Desde el año 2010 hasta hoy la educación en España ha perdido prácticamente un tercio de sus recursos. En todos los niveles y etapas educativas se han eliminado miles de empleos que eran necesarios (profesorado y otros profesionales de la educación) y se han degradado sus condiciones de trabajo, se han disminuido drásticamente todo tipo de becas y ayudas para las personas con más necesidad, se han eliminado un gran número de medidas de apoyo o compensación para los alumnos y alumnas con más dificultades y se han aumentado desorbitadamente las tasas para acceder a determinados niveles educativos como la educación infantil, la formación profesional o la Universidad.
Estos recortes en educación, por sí mismos, ya han puesto al sistema educativo español en una situación de extrema gravedad pues debilitan enormemente el conjunto de recursos que hacen posible la consecución de sus principios, como lo son, por poner algunos ejemplos, proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, la equidad, la inclusión educativa o la adecuación de la educación a la diversidad de aptitudes, intereses y expectativas.
En este contexto, el gobierno actual ha presentado una auténtica contrarreforma educativa a través, de momento, de tres grandes ejes: el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y el Informe de expertos sobre la Universidad, documento básico sobre el que se elaborará la próxima reforma de la Universidad Española. Todos estos proyectos representan una consolidación de la perversa e inútil política de austeridad que lleva a cabo el gobierno actual y suponen un claro retroceso educativo en nuestro país, de más de 30 años en educación.
Las propuestas parten de un diagnóstico erróneo e interesado de la situación actual, una situación, en buena parte, estratégicamente inducida, pues son los nocivos efectos de la austeridad impuesta los se utilizan como argumento para justificar unas reformas antisociales que, en España, suponen una clara vulneración del derecho constitucional a la educación, como ya lo han supuesto, en su momento, la reforma laboral para la negociación colectiva, o la Ley de Tasas judiciales para la tutela judicial efectiva, ambos derechos constitucionales también.
La LOMCE modifica en profundidad nuestra actual Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), una ley que sólo tiene seis años de vida: ni si quiera hay una cohorte completa de alumnos que hayan cursado toda su escolaridad de acuerdo a sus supuestos, ni tampoco existe, por tanto, una evaluación que determine su eficacia. A pesar de ello, el gobierno actual cree que hay que abordar con urgencia una reforma educativa hecha sin un buen diagnóstico, sin debate, sin diálogo y sin consenso.
La propuesta no ha dejado indiferente a nadie, pues introduce una serie de modificaciones estructurales que van en la dirección contraria a la evidencia empírica, tanto a nivel nacional como internacional, en lo que respecta a factores de calidad y mejora en la enseñanza. Es una reforma fundamentalmente ideológica que cambia el paradigma de la educación en nuestro país. Entre otras muchas cosas: segrega al alumnado tempranamente en el marco de la escolaridad obligatoria hacia trayectorias educativas de distinto valor; administra obsesivamente evaluaciones externas y censales sin atender a los procesos y a la intervención de los propios profesionales en ellos; refuerza las materias instrumentales y degrada o debilita otro tipo de enseñanzas integrales y fundamentales para la formación, segrega, además, al alumnado por sexo, por lengua y por religión, debilita la educación pública y potencia la privatización, pervierte el sentido de la autonomía y la gestión de los centros educativos, debilita drásticamente el papel de la comunidad educativa en la gestión y el control en la educación, recentraliza las competencias educativas territoriales y reintroduce la religión [sólo] católica en todos los cursos.
La dirección que se tomará en la reforma universitaria española, que se desprende del informe previo encargado por el Ministerio de Educación a una comisión de expertos, no es en absoluto alentadora. La reforma pretende acabar con las formas de gobierno democráticas, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria que son, en realidad, una barrera para los procesos de privatización y de mercantilización de la educación superior, lo cual no mejorará la eficiencia ni la gestión en las universidades. El principal problema de las Universidades Públicas es su insuficiente financiación, agravada con los recortes de los últimos años, que está provocando despidos de personal docente e investigador y personal de administración y servicios, deterioro de la calidad del sistema y disminución de la oferta educativa.
Una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos. Entendemos que esta contrarreforma educativa “global” que se está llevando cobo nuestro país atenta escandalosamente contra los principios y fines de la educación, hasta el punto de hacer peligrar la capacidad que todo sistema educativo debe tener para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica.
La educación en España, y muy especialmente la educación pública, se encuentra en una situación de riesgo de extrema gravedad. El trámite parlamentario de la nueva LOMCE es inminente y, en este momento de gran trascendencia para nuestro país, debemos seguir mostrando la más contundente de las repulsas y el mas frontal de los rechazos, porque otras políticas educativas son posibles, en España y en el resto de países que están sufriendo la misma ofensiva contra la educación pública, gratuita y universal.
Por todo ello, desde los sindicatos proponemos que se abra un debate y un diálogo amplio y abierto con la comunidad educativa del país para analizar los problemas reales de la educación y buscar las soluciones más adecuadas.
