STE celebra que se haya admitido el recurso de amparo que presentamos ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que sancionaba a nuestro compañero Ángel Renieblas a un mes de suspensión de empleo y sueldo, cuando tan solo admite un 1% de los recursos que le llegan. Una vez más tenemos que reclamar en los juzgados los derechos arrebatados dentro de la dinámica represiva que ha sufrido la sociedad castellano manchega en general y el profesorado en particular en los años de gobierno de Cospedal.
Rueda de prensa de STE-CLM celebrada hoy. En la imagen Matilde Castilla, Ángel Renieblas y Nacho Monreal.
Ángel Renieblas, maestro de Cabanillas con cerca de 40 años de intachable ejercicio profesional, fue sancionado con un mes de empleo y sueldo por informar a las familias de las alumnas y alumnos de su tutoría de su intención de sumarse a una de las huelgas convocadas por la comunidad educativa durante el curso 2011/2012. Dicha sanción fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Guadalajara en 2014.
Desde STE-CLM consideramos que el comunicado a las familias se enmcarca dentro del derecho a la libertad de expresión de los docentes. Por lo tanto esta sentencia supone una grave limitación al mismo y confirma que cada vez son más los derechos que nos quieren arrebatar. Este atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho de huelga es una forma de inculcar el miedo a la comunidad educativa. Por ello, en el Pleno de STE-CLM (Intersindical) celebrado el 1 de julio de 2014 se acordó tutelar la interposición del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Nunca consideramos hecho probado la tesis de los cargos políticos que impulsaron la denuncia y sanción porque ignoraba toda la instrucción del inspector del centro (confirmada por el inspector jefe). Éste, tras entrevistarse con el Equipo Directivo, el alumnado, las familias y el mismo docente, estableció que el profesor no se había dirigido a sus alumnos en términos políticos y que repartir una circular y pedirles que apuntaran en la agenda el aviso a los padres, es la práctica habitual en el profesorado.
La sentencia la recurrimos por vulneración del artículo 24 de la Constitución por inexistencia de pronunciamiento sobre la prueba propuesta, falta de imparcialidad del órgano instructor, por sancionarse el libre ejercicio de derechos como el de huelga o a la libertad de expresión, vulneración de la presunción de inocencia y ausencia de culpabilidad.
El caso de Ángel Renieblas se añade a una larga lista de ataques a la libertad de expresión y de criminalización de la protesta social en los últimos años.
La represión regional.
Nuestra liberada por Ciudad Real, Matilde Castilla, no sólo ha visto recaer sobre ella una multa injusta, también ha sufrido la amortización de su plaza; hoy preside la Junta de personal de Ciudad Real.
El profesor José Manuel Zarco, de Cuenca, con casi treinta años de carrera docente, ha sufrido dos retracciones de haberes, una de ellas por quejarse de los recortes educativos haciendo uso del ordenador de su Departamento, y que la Justicia ha revocado. Hoy día preside la Junta de Personal de su provincia.
En 2012, en Talavera de la Reina se llevó a cabo por parte de la Subdelegación del Gobierno una campaña de sanciones administrativas por la mera participación en concentraciones pacíficas contra los recortes en los Servicios Públicos; todas fueron desestimadas.
También en Talavera de la Reina se abrió un expediente sancionador a una docente que en su discurso como tutora en el acto de graduación de sus alumnas/os hizo mención a los recortes educativos.
Represión en Guadalajara
Además del juicio contra cuatro profesores y un activista social para los que la acusación particular pide 5 años por una protesta contra el despido de casi 800 profesores interinos en septiembre de 2011, se han dado los siguientes casos de represión a docentes:
Enviar al Inspector Jefe a una asamblea de profesores en el IES Aguas Vivas con la misión de tomar nota del nombre de los presentes así como de los temas que se trataron (19/09/2011).
Enfrentamiento con la Escuela Rural. Cuando los recortes hacían prever el fin de muchos de estos centros, los alcaldes, alarmados, convocaron a los padres para informar de la situación e iniciar movilizaciones contra este injusto recorte (algo totalmente legítimo, por otra parte). En una de esas reuniones estaba presente un maestro, al que se trató de sancionar abriendo una investigación sobre quién convocaba, el lugar de realización, alegándose la no autorización de la celebración de esa reunión en un colegio público. Debido a esto en posteriores reuniones el Foro de la Escuela Rural de Guadalajara tuvo que utilizar diferentes instalaciones tales como bares, sedes de sindicatos, centros sociales, etc.
En julio de 2012 se abrió expediente al director del instituto de Villanueva de la Torre por no impedir que el Consejo Escolar de su centro mandara una misiva a las familias quejándose de los recortes. En este caso, y como primera medida, se cesó verbalmente al director, pero ante el hecho de que le sustituiría su Jefe de Estudios, se le permitió continuar ejerciendo. Eso sí, no se renovaron las comisiones de servicio de los Jefes de Estudios (y eso que ya era el mes de julio).
Conflicto con ADIG (Asociación de Directores de Instituto de Guadalajara). A principios de otoño de 2012, los Directores de Institutos pidieron la dimisión de la Coordinadora Provincial por abroncar públicamente en una reunión a un director por haber trascendido a la opinión pública la lamentable situación de la Escuela de Hostelería de Guadalajara, donde la falta de dotación económica obligaba a impartir sólo clases teóricas o a que fueran los alumnos los que llevaran los alimentos con los que hacer las prácticas.
Una docente que acudió durante el recreo al Ayuntamiento de Sigüenza a informar de la puesta en marcha de la consulta ciudadana por la educación de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en el trayecto se cruzó con el alcalde, miembro destacado del Partido Popular, y como consecuencia de ello y una vez enterada Violeta Miguel, la Coordinadora de Servicios Periféricos, y el Inspector Jefe, se amenazó con la apertura de un expediente porque “se había retrasado quince minutos” (no tenía docencia directa con alumnos).
¿Qué ha pasado con Violeta Miguel?
Sacó su plaza de inspectora de educación siendo Coordinadora y actualmente está en Madrid, en el Ministerio de Educación, en el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa.
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