El pacto PP-C’s por el que este último partido votará a Rajoy para presidente, es algo más que un pacto de investidura. Es un pacto que quieren que sea de legislatura, pues contempla 150 medidas cuya ejecución se extendería en el tiempo, caso de que consiguieran otros apoyos o/y abstenciones, de tal forma que consigan la mayoría simple necesaria para que Rajoy sea presidente.
Al ámbito educativo dedican las medidas desde la 78 a la 88, correspondiendo las dos últimas a Universidad y a Becas, aunque ni en esta ni en ninguna otra aparece cuantificado el coste de su aplicación.
La consecución de un Pacto Nacional por la Educación en un plazo máximo de siete meses es una entelequia que quiere servir para camuflar la continuación en la aplicación de la Lomce LOMCE, ley que quedaría congelada en su aplicación durante ese periodo en todo lo que no hubiera entrado en vigor, cuando todas sus medidas, incluidas las reválidas, lo están, pues en vigor están los reales decretos que las desarrollan. Este Pacto, cuyos proponentes consideran fundamental para conseguir un sistema educativo basado en el acuerdo y el consenso, parte de una medida que también acuerdan y que saben que cuenta con un rechazo ampliamente generalizado: “Continuaremos respaldando el sistema de conciertos educativos en apoyo a la educación pública y garantizando la igualdad de oportunidades”.
Otra de las medidas estrella acordadas es la consecución del Estatuto del Personal Docente. Desde la aprobación de la Constitución todos los gobiernos lo han intentado y ninguno lo ha conseguido. Ahora pretenden hacerlo realidad tomando como base el Libro Blanco de la Función Docente; un documento que desde el momento de su publicación, consiguió el rechazo del profesorado de la escuela pública y de sus organizaciones, por el desconocimiento de la profesión docente que trasluce y por propugnar la introducción de la competitividad económica entre el profesorado, sin tener en cuenta que el trabajo en equipo es fundamental en educación.
Otras medidas que proponen, como las relativas al mantenimiento del bilingüismo y de la FP dual, han demostrado su fracaso y no proponen medidas que puedan servir para mejorarlos. Otras, como la asignación adicional de fondos ligada a la mejora de resultados en centros con alumnado con necesidades de apoyo educativo, muestran un concepto mercantilista de la educación que no servirá, como se ha podido comprobar, para mejorar los resultados académicos. Las propuestas relativas al Plan Concilia, a la gratuidad de los materiales escolares, a la Convivencia Escolar y al aumento de las becas son una simple declaración de intenciones, muchas veces proclamadas y nunca cumplidas por falta de fondos y por falta de voluntad política.
La mejora que plantean en Universidad es, también, una mera declaración sin concreciones y que queda muy limitada y sin posibilidades reales de desarrollarse para mejorar la universidad con los últimos decretos aprobados por el gobierno de Rajoy.
Sin embargo, este pacto no contempla ninguna medida para derogar, o cuando menos paliar, los múltiples recortes que ha sufrido la Escuela Pública, en especial los derivados del Real Decreto 1/2012 de 20 de abril, que supuso una brutal subida del horario lectivo de los docentes de la enseñanza pública provocando el despido masivo del profesorado, así como múltiples impedimentos para sustituir a los trabajadores de baja o para cubrir al profesorado que se jubila.
El STE-CLM, como organización defensora de la escuela pública y del profesorado, considera que las medidas propuestas no contribuyen a mejorar la enseñanza, ni dan respuesta a la exigencia expresada por la inmensa mayoría de la comunidad educativa de derogar la LOMCE. Al contrario, las medidas acordadas por el PP y C’s vienen a consolidar el modelo educativo segregador y privatizador implantado por el PP con dicha ley, la más rechazada y nefasta que ha conocido nuestro sistema educativo, por lo que esperamos que este proceso de investidura fracase y este Pacto PP-C’s se quede en nada.
Desde el STE-CLM consideramos, junto a la mayoría de la comunidad educativa, que hay que elaborar una ley que sirva para potenciar la escuela pública de calidad, inclusiva, compensadora de desigualdades y laica. Una ley que acabe con la privatización y que potencie un servicio público educativo de calidad y compensador de desigualdades al que tienen derecho todos los niños y niñas, todos los jóvenes. Esta ley se puede conseguir con un cambio de gobierno, cambio para el que es necesario recuperar la movilización realizada contra la LOMCE y por la escuela pública.
Secretariado del STE-CLM
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