“A punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la ley Wert sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, este partido se ratifica en su intención de derogarla en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria”. Con esta frase, todos los grupos parlamentarios, excepto UPyD y Foro mostraron su rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que ayer aprobó el pleno del Congreso sólo con los votos del PP y la abstención de Foro y UPN.
LOMCE, UNA LEY CONTRA EL PROFESORADO
Una gran parte del profesorado y de la comunidad educativa considera que las modificaciones legales que presenta el proyecto de LOMCE no servirán para mejorar la calidad de la enseñanza; estamos convencidos de que las consecuencias de su aplicación serán desastrosas para la formación y la educación de nuestros jóvenes y para el conjunto de la sociedad, pues se trata de aplicar las recetas neoliberales con los ingredientes más retrógrados, como la segregación y las reválidas, acabando con lo que queda de gestión democrática y de participación en los centros educativos, potenciando, al mismo tiempo, la enseñanza privada, que, junto a la iglesia católica, serán las grandes beneficiadas de esta ley.
La LOMCE modifica la actual normativa, la LOE, y aunque no se propone modificar ningún artículo entre el 91 y el 106 de la LOE, que hablan de las funciones del profesorado, de la formación, la evaluación…, introduce un punto, el 66 muy importante para el profesorado, por lo peligroso que es para sus condiciones de trabajo y la viabilidad del concurso general de traslados, pues el director –que pasa a ser un gerente/jefe de personal omnipotente- podrá seleccionar al profesorado de su centro.
El director podrá conformar el Claustro a su gusto: podrá seleccionar al profesorado interino que trabaje en su centro, eligiéndolo, en función de las necesidades del centro que él define, de entre todas las personas que estén en las listas de interinos, y obviando todos los criterios de antigüedad y demás méritos, como ocurre ahora.
El profesorado definitivo también se verá afectado por la misma medida, ya que el director puede configurar “su” claustro con el profesorado que mejor se adapte al proyecto específico de centro, que diseña él, lo que supondría traslados forzosos para que lleguen otras personas seleccionadas por el director para “su” proyecto.
Recordemos que la LOMCE dice que los centros podrán especializarse; se afirma que “El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros docentes, que podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas.” Es muy sencillo adivinar qué centros se especializarán en la excelencia y cuáles en atención al alumnado con necesidades; y la administración potenciará esa especialización. Con la especialización se hará más sencillo administrativamente desprenderse del profesorado que no se “adecúen” al nuevo perfil, o que puedan crear problemas por sus planteamientos o reivindicaciones. Hay que decir también que el director participará en la evaluación del profesorado de su centro: si algún profesor o profesora le es incómodo, no tiene más que evaluarlo de forma negativa, lo que afectará a su vida profesional y, según pretende el MEC, a sus complementos salariales.
Al Profesorado Interino se le quiere precarizar aun más; este colectivo no se refleja en el proyecto LOMCE, aunque se está viendo como en diferentes comunidades están intentando imponer la rotación en los puestos de trabajo, acabando con la experiencia como mérito para seguir trabajando. Para los STES-i la estabilidad en el empleo también es un factor da calidad dentro del sistema educativo, por lo que seguimos reivindicando esta estabilidad como parte de la mejora del sistema educativo y rechazamos con rotundidad que el director pueda seleccionar a este profesorado sin respetar los criterios establecidos.
Y todo bajo la premisa de que en el Preámbulo de la LOMCE se afirma que tendremos un Estatuto de la función pública docente, “en el que se resolverán los aspectos básicos de la figura esencial del proceso de transformación y mejora del sistema educativo, los profesores y maestros, cuyas condiciones de trabajo y carrera profesional no han sido modificadas por la LOMCE”, lo que no es cierto, es falso, pues las nuevas competencias del director van claramente contra los derechos laborales del profesorado. Y el Sr. Wert, incumpliendo reiteradamente sus propias promesas, no presenta su proyecto de Estatuto, pues sabe que es lesivo para los intereses del profesorado y que contribuiría a la activación de la movilización contra sus políticas y contra la LOMCE.
La movilización en defensa de la escuela pública y de los derechos del profesorado continúa y debe continuar hasta acabar con estas políticas neoliberales, políticas que, en definitiva, lo que persiguen es la privatización de la enseñanza
