Comunicado de prensa: STES-Intersindical no rubricará el pacto social y político que nos propone el Ministerio de Educación
Carta al Ministro de Educación sobre el Pacto Educativo
Este no es el Pacto que necesita la Escuela Pública.
El Ministro de Educación ha intentado alcanzar el Pacto por la educación, pero no ha podido ser, el PP no lo suscribe pese a las muchas cesiones que el Pacto realiza a la derecha y a la enseñanza privada; han debido pensar que habría Pacto social (el gobierno con sindicatos, organizaciones de padres, patronales de la privada…) y que las medidas que potencian a la escuela concertada se aplicarían, pero estas eran tantas que hasta las organizaciones más proclives a la firma no se han atrevido.
Desde le STE-CLM, como parte de la Confederación de STES-i hemos estado trabajando intensamente por el Pacto en estos últimos meses, aportando numerosas propuestas, algunas de la cuales aparecen recogidas en el documento final, pero no lo hemos suscrito por considerar que este no es el acuerdo que necesita la escuela pública; no lo suscribimos tanto por sus carencias como por algunas de las propuestas que contiene. Entre las razones para no firmarlo destacamos las que siguen:
-El Pacto vuelve a la etapa anterior a la LOE en la denominación de los Centros, usando reiteradamente la expresión “centros sostenidos con fondos públicos”, como si todos los centros fueran iguales, estuvieran en los mismos sitios, recibieran al mismo alumnado, fueran gestionados igual, las familias pagaran lo mismo; esta expresión es muy querida por los defensores de la enseñanza privada concertada que la consideran fundamental en la línea de equiparación de la financiación procedente de las administraciones públicas que pretenden entre los centros públicos y los privados, equiparación que en este Pacto encuentran un gran empuje, en detrimento de la enseñanza pública.
-En el apartado “2.Objetivos de la educación para la década 2010-2020” se plantean numerosas medidas de mejora, algunas positivas, pero no se incluyen algunas fundamentales: no se plantean ni satisfacer desde la escuela pública la demanda de escolarización de 0-3, ni bajar las ratios (entendida como estudiantes por grupo, no ratio-profesor) en todas las etapas como contribución a la mejora del sistema (ni siquiera aparece el quitar el aumento del 10% en las ratios máximas que se contemplan en la LOE); ni tampoco que todo el alumnado domine un idioma extranjero al acabar la escolarización obligatoria; ni potenciar la atención tutorial, completando los equipos de los departamentos de Orientación, extendiendo su creación a los centros de infantil y primaria, e impulsando los programas y actuaciones de Educación Compensatoria; ni se menciona la necesidad de impulsar una legislación básica sobre organización y funcionamiento de centros que favorezca la flexibilidad organizativa y fomente las actividades de apoyo y refuerzo con el alumnado y la recuperación de asignaturas.
-La evaluación de diagnóstico se presenta como un índice para valorar la calidad de los sistemas educativos sin tener en cuenta otros factores mucho más relevantes como la propia estructura del sistema, los contenidos excesivos o su elevada fragmentación, la consideración del profesorado, su acceso y formación., así como la tipología del alumnado, los recursos con los que se cuenta, la inversión en educación, la falta de democracia en los centros, etc. Desde STES-i creemos que se debe potenciar modelos de evaluación interna que combinen la autoevaluación con visiones externas para que, juntos, sirvan para elaborar planes de mejora que sean apoyados por la administración educativa. La evaluación debe ser democrática: se debe saber qué se va a evaluar, para qué, y qué se va a hacer con los resultados.
-Las medidas que se reflejan para la FP son continuistas con lo que hay; los STES-i propusimos un paquete de medidas que no han sido recogidas y que supondrían la potenciación de una red pública de centros que garantice la escolarización de todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias geográficas y sociales, pasando por la generalización de las enseñanzas en régimen nocturno, para que sea la FP de los centros públicos quien reciba los fondos públicos y que se amplíe la oferta de las familias profesionales, en función de su rentabilidad social y no sólo de la rentabilidad inmediata que reclaman las empresas.
-En el Objetivo 7º. La educación como bien público y derecho público de toda la sociedad, hay propuestas van claramente a favor de la enseñanza privada. La propuesta 81, con su planteamiento de “favorecer la libertad de elección de las familias” supone sentar las bases para potenciar la enseñanza concertada, continuando la línea ya marcada en la LOE, que afirma que “el servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales…”, poniendo a la iniciativa social, a las empresas de enseñanza, a garantizar derechos, cuando su fin es ganar dinero o adoctrinar, o las dos cosas a la vez. Y para intentar “suavizar” esta cesión a la derecha, se dice en el párrafo anterior, que “analizaremos la normativa que regula los procesos de escolarización” para “asegurar la escolarización equitativa del alumnado” con necesidades educativas especiales…; sin embargo, no se dice nada de que el trámite de adjudicar centro lo hagan la comisión de escolarización, sin intervención de los centros, ni de rescindir los conciertos a los centros que seleccionen a su alumnado, sabiendo, como es sabido que lo hacen la mayoría de los colegios concertados, sobre todos los de ideario religioso, de múltiples maneras…
-Propone también destinar más dinero público a la enseñanza privada en las medidas 83 y 84, aumentando los módulos de concierto con el pago de servicios que no tiene la escuela pública (directo no docente –el dueño-, personal de administración…), y sin impedir el cobro por las actividades que consideren…; y aumentando las retribuciones de su profesorado, sin proponer el control público de su contratación, como público es el dinero con el que se les paga.
-La propuesta 88, con su “mayor profesionalización” de la dirección, pretende, en línea con lo que dice la ley de educación de Cataluña, hacer de la “dirección” una “casi profesión”, con las prerrogativas y capacidad de decisión que tiene la dirección de una empresa o de un centro privado. Inasumible para quienes defendemos la gestión democrática de los centros.
-En el Objetivo 11º. Profesorado: reconocimiento profesional y social del docente, plantean una serie de generalidades entre las que destaca la recogida en la propuesta 119 dedicada al Estatuto Docente, y que dice textualmente “La posibilidad de la prórroga del vigente sistema de jubilaciones anticipadas recogido en la D.T 2ª de la LOE, hasta que se regule la edad de jubilación de los distintos colectivos de trabajadores en el marco del Pacto de Toledo”. Todos los sindicatos, que hemos estado recogiendo firmas del Profesorado por la prórroga de la jubilación, nos concentramos ante el Ministerio un día antes de la presentación del Pacto haciendo entrega de dichas firmas con un escrito unitario en el que decíamos “Este Objetivo (Reconocimiento profesional y social del docente) no tendrá ningún recorrido si no se incluye entre las propuestas concretas la prórroga de esta modalidad de jubilación anticipada e incentivada, debería firmar este Pacto con esta medida que, en definitiva, no dice nada, pues la “posibilidad de la prórroga”; y el Pacto refleja sólo la “posibilidad de prórroga”, posibilidad que está siempre abierta, y que también está en la LOE.
-Esta propuesta 119 se incluye también la denomina “carrera docente” con un sistema de incentivos económicos que permitirá que, por el mismo trabajo, se pueda cobrar más o menos en función de la correspondiente evaluación, dividiendo al profesorado, jerarquizando los Claustros, impidiendo la creación de equipos de trabajo, la creación de conciencia de grupo que trabaja en un proyecto educativo compartido, potenciando el individualismo y la competitividad entre el Profesorado del mismo centro.
-La experiencia docente se ignora en este Pacto cuando se habla del acceso a la función pública docente.
-En el capítulo 5, sobre Financiación, se propone destinar “los recursos económicos necesarios”, fijándose como meta alcanzar en 2020 la media de los países de la unión europea, desoyendo las razones que el Consejo Escolar del Estado ha planteado reiteradamente, a propuesta de STES, de alcanzar el 7% del PIB como única forma de superar los déficit históricos que padece el sistema educativo español.
Por estas razones, entre las que no hemos citado nuestra reivindicación de una escuela laica, no hemos suscrito el Pacto, pero con pacto o sin el, seguiremos trabajando y realizando propuestas en línea con nuestro planteamiento básico: potenciación de la escuela pública y mejora de las condiciones en las que el alumnado recibe sus enseñanzas y el profesorado realiza su trabajo, y pidiendo al Ministro y a la Consejera de Educación que potencien la escuela pública, la escuela en la que estudia más del 80% del alumnado de Castilla-La Mancha.
