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El pasado 27 de octubre tuvo lugar un juicio contra nuestra compañera Matilde Castilla por desobediencia a la autoridad. Tras conocer la sentencia que la condena a pagar 300 euros de los 600 que pedía el Ministerio Fiscal, hemos procedido a la apelación de la misma, por considerar que obedece a un intento de represión y criminalización de la protesta social. Para ello hemos de considerar:
1. Tal y como manifestaron en el juicio los testigos, la apelante estuvo detrás de una pancarta, pero en momento alguno se acreditó que fuera ella la que la llevara y la desplegara. Ni siquiera en la denuncia ni en la declaración efectuada por el agente de policía consta la designación de Matilde Castilla Muñoz como persona que llevara y desplegara la pancarta. La presunción de inocencia debe aplicarse y no dar por hecho algo no probado y que perjudica a la denunciada.
2. Por otro lado, el número de personas que se encontraban en ese momento junto a ella fue de 15-20, no las 40 ó 45 que testificó la Brigada de Información.
La intención de hacer la concentración no fue tal y así se desprende de los hechos que se probaron en la vista y que constan en autos:
- Colaboración total para recibir la notificación: al estar ausente del domicilio designado indicó de manera voluntaria el lugar donde se le podía hacer entrega de la denegación.
- Declaración unánime de los testigos en la voluntad e intención de desconvocar e informar a quienes pudieran acudir desconociendo dicha desconvocatoria para el cumplimiento de lo ordenado por la Junta Electoral.
- Información publicada en diversos medios, aportada como prueba en el juicio sobre que no se había podido realizar la concentración por la desconvocatoria producida al haberse denegado el permiso.
3. Que no se realizó la concentración, además, se acredita con la declaración del agente de policía que indicó que ni se utilizó tipo alguno de megafonía, lo que es habitual en la inmensa mayoría de concentraciones, y que no hubo canto o dicción de consignas. Es más, en ningún momento ningún agente de la policía o cualquier otro miembro de la Autoridad Gubernativa se dirigió a la acusada ni a las pocas personas que con ella estaban para indicarles que no podían estar allí e informarles del acuerdo de la Junta Electoral Provincial, por lo que no hubo ninguna Falta contra el Orden Público en la modalidad de Desobediencia a la Autoridad.
Este ha sido un juicio y una sentencia injusta, arbitraria e inmoral, muestra, una vez más, de que los poderes públicos atacan a las personas y organizaciones que consideramos que la justicia no solo es un ideal, sino una práctica cotidiana en nuestra vida. Esta denuncia y la forma en que se ha realizado no es fruto de la casualidad ni de un malentendido, sino que obedece a una voluntad decidida y clara de los poderes vigentes de amedrentar a la población y deshacer el tejido asociativo que se va fraguando poco a poco para resistir la tremenda agresión neoliberal que está triturando nuestros derechos sociales, los derechos civiles, y que nos encamina a unas condiciones de vida y de trabajo cercanas a la esclavitud. Mientras, los millonarios crecen y las ganancias de las grandes corporaciones industriales y financieras del IBEX ascienden a 22.000 millones de euros en los primeros nueve meses del año.
Además, hoy 11 de diciembre será un día triste para la democracia debido a la aprobación con los votos del Partido Popular en el Congreso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde STE-CLM denunciamos, al igual que numerosas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil estatal e internacional, que esta ley otorga más poder a la policía, amplía el número de infracciones y reduce las garantías para la ciudadanía. La Ley supone una injustificada limitación de la libertad de expresión y manifestación, incluyendo sanciones de hasta 30.000 euros por llevar a cabo protestas en las cercanías del Congreso, Senado o de las cámaras territoriales o por grabar las actuaciones policiales en manifestaciones. También se sancionarán las manifestaciones espontáneas aunque se trate de reacciones a un acontecimiento inmediato.
STE-CLM no cejará en su lucha en defensa de la libertad de expresión y en el apoyo a Matilde Castilla hasta que nuestra compañera sea definitivamente absuelta.
¡LA VOZ DEL PUEBLO NO ES ILEGAL!
