Burorrepresión’ de docentes y defensores de la escuela pública en Castilla-La Mancha.
No es necesario mirar muy lejos, ni siquiera fuera de nuestra comunidad autónoma, para comprobar cómo libertades y derechos civiles que se presumían asegurados hace apenas unos años, hoy sufren amenazas muy serias por parte de quienes deberían ser sus principales garantes, las distintas administraciones públicas. Como ejemplo más brutal, del que ahora se cumple un año, podemos recordar la intervención de unidades policiales en la estación de cercanías de Atocha, presuntamente persiguiendo a algunos manifestantes de la convocatoria “25-S Rodea el Congreso”, disparando material antidisturbios, golpeando indiscriminadamente y poniendo en serio riesgo la integridad de personas que allí se encontraban.
Pero no siempre la represión de la protesta social es tan “escandalosa”. La censura, las multas, el acoso y las amenazas de incoación de expedientes sancionadores, se están convirtiendo cada vez con mayor frecuencia en la respuesta que obtienen personas y colectivos sociales en Castilla-La Mancha cuando buscan expresar sus ideas con libertad. Y sin libertad de expresión, sin la capacidad de hacernos oír, se hace muy complicado defender otros derechos, como el derecho a la educación, que a su vez se deteriora progresivamente.
Burorrepresión es el término acuñado en un libro con ese mismo título por activistas y académicos como Pedro Oliver Olmo, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla‐La Mancha. Oliver lo define como “la utilización, por parte de las instituciones de control, del arsenal de sanciones administrativas disponibles en el entramado de leyes, normas y ordenanzas, con el fin de desactivar la protesta de los movimientos sociales, políticos y ciudadanos”. Óscar Martín García, miembro del 15M y otro de los autores del libro, explica que “el objetivo del gobierno es individualizar la represión para romper las redes ciudadanas de apoyo”.
Este “silencioso” modo de represión y criminalización de la protesta social o la simple opinión se está aplicando en los últimos meses, de manera creciente y con especial saña, a docentes y defensores de la escuela pública en nuestra región por parte de diferentes subdelegaciones del gobierno y servicios periféricos de la Consejería de Educación. En estos momento se encuentran abiertos decenas de expedientes sancionadores a ciudadanos y ciudadanas por haber participado, en diferentes localidades de Castilla-La Mancha, en concentraciones pacíficas no comunicadas previamente, en algunos casos espontáneas, en las que se reclamaban, por ejemplo, becas de comedor o de transporte escolar, o por emitir opiniones no acordes con el pensamiento “oficial” hasta en reuniones de departamento de centros educativos.
Afortunadamente, hay antecedentes de fallos judiciales contra estos abusos. En uno de ellos, que anulaba una sanción de empleo y sueldo a un docente, se señala que, ‘aun cuando la crítica a la conducta de otro sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar cabe entenderla amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión’. Otro más reciente explicita excesos de los cuerpos de seguridad del Estado
Desde STE-CLM expresamos nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que están viviendo en carne propia y soportando de manera estoica estas intolerables formas de represión, que, a su vez, condenamos pública y enérgicamente. El Gobierno de Castilla-La Mancha de Mª Dolores de Cospedal, y en particular la Consejería de Educación de Marcial Marín, deberían utilizar su tiempo y nuestros recursos en garantizar y mejorar la calidad de la educación pública y no en represaliar al profesorado por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión. Aunque lo que les griten desde las calles o se opine en los centros les desagrade y resulte molesto. Para eso está la libertad de expresión. ¿Para qué si no?.
