El presente curso escolar 2019/20 presenta una novedad destacable: el paso dado por Asturias en el sentido de distribuir los días lectivos en 5 periodos, separados por periodos de descanso. Para ello se introducen, a finales de octubre y febrero, días no lectivos. Esta modalidad, que determina el denominado “calendario pedagógico” implantado ya en 21 estados europeos, está vigente en el estado español únicamente en Cantabria (este será su cuarto año con este modelo) y en algunos centros educativos de Navarra.

Igualmente, es importante señalar que, tras la convocatoria de oposiciones y su ejecución en los meses de junio y julio, el curso comienza con 28.000 funcionarios y funcionarias que estarán en prácticas a lo largo de este curso, antes de convertirse en funcionarios y funcionarias de carrera. El resultado de los distintos procesos selectivos ha deparado que –a diferencia de lo que ocurrió el año pasado en que no fueron adjudicadas 1.984 plazas de las 23.689 convocadas- poco más de 100 plazas hayan quedado desiertas.

Sin embargo, el resultado de estas Oposiciones no es satisfactorio. Esta convocatoria, que es la segunda del Acuerdo suscrito en 2017 por las centrales sindicales de la Mesa General de Función Pública deja también tras de sí, como efecto pernicioso, la disminución de vacantes adjudicadas y la pérdida del empleo para cientos de personas que han venido desempeñando su trabajo como personal interino y que, en numerosos casos después de muchos años realizando una valiosa labor en el sistema educativo, se ven ahora abocadas al paro. Es una situación de una tremenda injusticia y que ha de evitarse en futuras convocatorias. A este respecto, la sentencia que está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita en las próximas semanas respecto a personal interino contratado en “fraude de ley” -según sentencias previas del mismo Tribunal- puede abrir la puerta para que se dé una solución definitiva al problema. En cualquier caso, es una urgente obligación del Ministerio de Educación iniciar el proceso para establecer legalmente la normativa que desarrolle el artículo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que considera el acceso diferenciado como una vía para acceder al funcionariado.

En el mismo sentido, es imprescindible que la próxima convocatoria de Oposiciones se haga en base a un Real Decreto que determine que las pruebas sean ‘no eliminatorias’, lo que es necesario para una mayor justicia en el resultado de las ofertas públicas de empleo previstas para el año 2020.

Por otra parte, varios años después de darse “oficialmente” por acabada la crisis económica, en el ámbito de la educación siguen sin restablecerse las condiciones laborales del profesorado y de calidad de la enseñanza de hace una década. Por ejemplo, la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, recomienda un horario lectivo para el profesorado “con carácter ordinario de un máximo de veintitrés horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas”. La realidad, sin embargo, es que en la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas se va a empezar el curso con unos horarios lectivos que exceden el horario recomendado.

Por último, consideramos que uno de los retos fundamentales que ha de abordarse este curso es la derogación definitiva de la nefasta LOMCE, y su sustitución por una ley acordada por todos los sectores que componen la Comunidad Educativa y basada en la participación del profesorado. Siendo de general aceptación que no puede continuar la simple sustitución de unas leyes orgánicas por otras, en función del partido que gobierne en cada momento, consideramos prioritario que la nueva ley nazca fruto de un amplio consenso que asegure su permanencia en el tiempo. En este sentido, desde la Confederación de STEs-i creemos que en este curso debe iniciarse, en el seno de las instituciones en las que estamos presentes quienes representamos a los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, los trabajos que sienten las bases de una nueva ley educativa que defienda y construya una educación pública para todas y todos, gratuita, laica y participativa.

STEs-Intersindical, 10 de septiembre de 2019