Este 10 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratificó la sentencia favorable que tuvimos en primera instancia en el año 2017 acerca de la valoración de la experiencia en centros de difícil desempeño. En ambas sentencias, entre otras, queda bien claro que si se concursa desde un centro que durante un tiempo fue catalogado de difícil desempeño, dicha experiencia debe computarse aunque el centro no ostente tal categoría en la fecha de convocatoria del CGT.

Hemos de recordar que llevamos arrastrando esta cuestión desde la llegada de Page en 2015, y que Cospedal intentó llevar a cabo esta interpretación lesiva para el profesorado, pero STE-CLM consiguió frenar dicha práctica, siendo el gobierno del PSOE/Podemos quien finalmente la implementó.

La Administración persiste en restar derechos a sus propias trabajadoras y trabajadores, y nos ha informado que recurrirá esta sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, lo que no hará más que dilatar el proceso, afectando con ello a más concursos de traslados, y todo ello sin tener en cuenta que, en caso de no admisión a trámite o desestimación del Alto Tribunal, la reparación del daño causado conllevará un elevado coste económico y humano, que tendrá como única responsable a esta Administración y su lesiva contumacia.

Otras Comunidades Autónomas, o nunca llegaron a implantar este tipo de reinterpretaciones nocivas para el profesorado, o bien ya han negociado vías para mejorar dicha interpretación, como ocurre en Castilla y León, cuyo gobierno del Partido Popular, ha establecido una validez de la experiencia en difícil desempeño de 3 concursos de traslados desde que un centro es descatalogado como de especial dificultad.

La Administración castellano-manchega, sin embargo, a pesar de ser plenamente consciente de que en el resto de Comunidades Autónomas sí se considera en el baremo estos puntos, ha decidido continuar con el agravio comparativo, situando a los docentes de Castilla- La Mancha en desventaja en los Concursos de Traslados Nacionales.

Desde STE-CLM no entendemos esta forma de proceder, ya que no supone ningún gravamen adicional ¿Qué le cuesta a esta Administración reconocer unos puntos en el baremo del profesorado y ajustarse a la legalidad avalada por el TSJ-CLM?

Estos gestos son un indicador muy claro de lo que verdaderamente le importan los derechos de las trabajadoras y trabajadores públicos al gobierno regional.

STE-CLM continuará defendiendo los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza de nuestra región hasta el final, le pese a quien le pese.

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