El señor Felpeto ha acusado a STE-CLM de faltar a la verdad. Quizá se avergüenza de la actuación de su Consejería y es por ello que pretende tergiversar la realidad de los hechos. Además, muestra un total desconocimiento de un caso tan grave.
En primer lugar, cuando afirma que la Consejería opta por el traslado está mintiendo. Es la que víctima, ante esta situación, que intenta buscar una salida ella sola. La compañera en este momento está en un destino provisional que ha conseguido por igualdad, mérito y capacidad con idénticas condiciones a cualquier docente. ¿Qué podía haber hecho la Administración por ella? Una adaptación al puesto de trabajo como a cualquier docente que tiene problemas de salud. En este caso, la Dirección Provincial de Cuenca le dijo que tenía que darse de alta de su Incapacidad Temporal, volver al centro donde estaba siendo acosada o de lo contrario nada podían hacer, cuando no es cierto que tenga que darse de alta y mucho menos incorporarse a ese centro.
En segundo lugar, declara que: “explica que la Consejería llegó hasta donde podía llegar”. Desde STE-CLM lamentamos profundamente esta afirmación, ya que deja desamparadas a todas las personas que sean víctimas de acoso en un centro educativo. Sí podía haber hecho más, mucho más. Lo único que demandaba la víctima era que se abriese en expediente disciplinario y que se investigase si los hechos eran constitutivos de sanción o no. Con esta forma de proceder tanto víctima como acusado se hubiesen podido defender, pero se opta por la información reservada, ¿por qué? Nadie de la Administración ha sabido explicarlo. En la resolución que se remite a la víctima indica que si no está conforme puede interponer recurso de alzada, y este recurso es desestimado por el señor Consejero, expresando que la víctima carece de legitimidad para poner la denuncia. Podía haber abierto expediente disciplinario de oficio y no lo hizo. No mienta señor Felpeto, la Consejería miró para otro lado, como lo había hecho la inspección educativa de Cuenca y el Director Provincial de dicha provincia.
En tercer lugar, afirma que la víctima “fue atendida personalmente”. Esta afirmación es cierta, pero hemos de hacer honor a la verdad: fue convocada para una reunión con el Director General, a la que acudió acompañada de sus asesores legales, y allí se expusieron los hechos concluyendo que la Administración se comprometía a que la compañera no tuviese que volver a ese centro. Claro está esta promesa durará lo que dure el mandato de esta Administración, ¿quién resarce el honor de la compañera? ¿tiene todo el profesorado que se encuentre en esta situación que acudir a los tribunales para que la Consejería abra expediente ante temas de acoso?
Las declaraciones del Consejero han sido muy desafortunadas, dado que incluso ponen en cuestión el hecho denunciado, y no asumen la responsabilidad ante un cúmulo de negligencias que ha habido en los diferentes órganos de los que él es el responsable. No consideramos adecuado que se cuestionen los hechos denunciados. La Administración ha mirado para otro lado ante los errores cometidos con una compañera, cuando lo que debía haber hecho es depurar responsabilidades y tratar de solucionar este conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales.
Quizá este caso sirva para que otros similares se denuncien y no tengan los trabajadores que acudir a un Concurso de Traslados para salir del círculo de acoso. Esta compañera ha tenido la valentía de dar un paso adelante. Esperemos que sea la última víctima que tenga que pasar por el ingente periplo que le ha hecho pasar la Consejería de Educación.
