El STE-CLM se manifestó ayer frente a las Subdelegaciones del gobierno como dedida de protesta por las medidas del gobierno para reducir el déficit.
El STE-CLM y la Intersindical de Castilla-La Mancha rechazan las medidas propuestas por el presidente del gobierno para reducir el déficit, porque se ceba con los más débiles: personas jubiladas, dependientes, futuras madres, sanidad y ayuda al desarrollo. En una palabra serán los servicios públicos y sus empleados los que paguen la crisis.
Rechazamos las medidas del presidente del gobierno Sr. RodrÍguez Zapatero, por varios motivos:
Los empleados y empleadas públicos no hemos causado la crisis y por tanto, no tenemos por qué pagarla. Con esta actuación parece como si el empleado y empleada públicos estuvieran cobrando unos sobresueldos, cuando en absoluto es así, hay que recordar que hay muchos funcionarios que son mil euristas. Antes de la crisis se suprimió el impuesto de patrimonio, se rebajó el impuesto de sociedades, se rebajaron los topes máximos impositivos en la renta de las personas físicas, se rebajaron cotizaciones sociales a los empresarios, se han privatizado servicios públicos esenciales… y ahora, lejos de tocar el bolsillo de los poderosos, causantes de la crisis, se ayuda a los bancos ante la crisis financiera y se incrementa el déficit para sostener, mediante obra pública de dudosa utilidad social, a las empresas constructoras causantes de la burbuja inmobiliaria. Es decir, para reducir el déficit se ha optado por el camino más fácil: reducir el gasto público a costa de la reducción de la protección social y de la reducción salarial de los empleados y empleadas públicas. Zapatero con estas medidas está aplicando lo que siempre ha negado, la política económica de la derecha, personificada en los organismos monetarios internacionales y en las grandes fortunas que manejan las bolsas mundiales.
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El profesorado lleva acumulada una pérdida del 17,1 % de poder adquisitivo desde el 1993, esto sin contar lo que repercute en la perdida de la masa salarial. Es como si todas las crisis las tuvieran que pagar los mismos, los empleados y empleadas públicos.
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Estas medidas afectan a los más desfavorecidos y por lo tanto, supondrán un recorte social, y un incremento en la deuda de las familias.
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La reducción en la inversión pública en un momento de crisis supone incrementar las cifras de paro, precisamente en épocas de crisis hay que invertir en servicios públicos.
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No es admisible que se reduzca en 600 millones de euros la cooperación internacional y se continúe participando en conflictos bélicos.
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Consideramos que antes de poner en marcha estas medidas habría que adoptar otras, como incrementar la tributación de los grandes capitales, la lucha contra el fraude, actuar contra el dinero negro y reducir el gasto militar.
