Intersindical CLM se solidariza con Andrés Bódalo, exige su libertad inmediata y que finalice la persecución contra los y las activistas sociales que luchan por la defensa de la clase trabajadora
En 2012, una concentración de jornaleros andaluces manifestó su protesta ante el ayuntamiento de Jódar, Jaén, por la situación de desempleo en el pueblo así como por la discriminación con que el consistorio repartía el empleo y la negativa a ser escuchados por el alcalde. Además de los 70 jornaleros entre los que se encontraba Andrés Bódalo, estaban presentes agentes de la policía local y de la guardia civil. Y el entonces teniente alcalde, Juan Ibarra, que se presentó 24 horas después ante los servicios de urgencias de Jódar con un hematoma incipiente según el parte médico. Pero las grabaciones no muestran ninguna actitud agresiva por parte de Andrés (más bien pacificadoras) y las declaraciones de los guardias civiles presentes contradicen a la policía local e insisten en que no hubo ninguna agresión de Bódalo.
Por tanto, los hechos atribuidos a Andrés Bódalo (atentado a una autoridad), en ningún momento han sido probados; todo lo contrario, las pruebas materiales dejan sin argumentos la acusación sustentada por el entonces alcalde y algunos policías locales.
Con todo, la sentencia 240 de la Audiencia Provincial de Jaén dictada el 27 de septiembre de 2015, y cuyo presidente fue el magistrado Pío Aguirre, vocal del Consejo del Poder Judicial apoyado por el Partido Popular, ha condenado a Andrés Bódalo y a otras tres personas por un delito de atentado contra el teniente-alcalde de la Corporación Municipal. A Andrés, con antecedentes de luchas sociales ya que es un activista social además de miembro del la Dirección Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), le ha supuesto tres años y medio de cárcel.
Por olvido de una procuradora, el recurso interpuesto por la defensa ante el Tribunal Supremo no se realizó en tiempo, por lo que, a pesar de ser un fallo atribuible a la Justicia, Andrés Bódalo ha entrado recientemente en prisión.
En Intesindical CLM nos preguntamos dónde está la presunción de inocencia que el Tribunal Constitucional, máximo garante e interpretador de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución del 78, ha declarado reiteradamente en sus sentencias que deber operar como derecho del acusado a no sufrir condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, lo que no es el caso.
Nos preguntamos también por qué se vulneran los derechos fundamentales en toda democracia como son los de manifestación y expresión, ya que los que protestaban en Jódar ejercían legítimamente un derecho que prevalece incluso cuando, en sentencias del Constitucional, se produce un cierto exceso o abuso, lo que ni siquiera está probado que se produjera en Jódar.
Y, sobre todo, nos preguntamos si la actual dinámica de vulneración de las libertades ciudadanas y limitación legislativa de los derechos individuales y colectivos, se pueda estar traduciendo en una persecución a disidentes políticos y activistas sociales, asentada aún más con leyes como la Mordaza o la reforma del Código Penal que nos trasladarían a una pérdida radical de garantías jurídicas para las clases populares y la confirmación de un autoritarismo de Estado cada vez mayor con el que se intentaría frenar la legítima protesta social ante unas políticas económicas que pretenden que el peso de la crisis recaiga sobre los más débiles.
Porque si esto es así, y la represión contra el sindicalismo alternativo y de clase como el que está sufriendo el SAT en otros tantos Andrés Bódalos o Alfon, La Intersindical CLM va a continuar la lucha, siempre a cara descubierta y de forma pacífica, con y por nuestros compañeros y compañeras represaliados en estos juicios que nos parecen cada vez más políticos, solidarizándonos completamente con aquellos y aquellas que luchan contra el desempleo, la precariedad, la emigración, la explotación o el deterioro de los servicios públicos, e impidiendo que entren en la cárcel los que ejercen el legítimo derecho a la protesta social.
Porque no habrá multas, agresiones ni cárceles que paren la lucha del pueblo por la libertad y la justicia social.
