Ante las graves acusaciones que se desprenden del auto dictado el día 2 por la fiscalía de CLM, en el que asume las demandas interpuestas por los sindicatos que participaron en esa reunión, UGT y STAS Intersindical, e insta a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a que dicte sentencia en ese mismo sentido. Desde STAS-INTERSINDICAL hacemos la siguiente consideraciones:
1.- Que a pesar de que el Consejero de Presidencia y AAPP, Leandro Esteban desautorizó públicamente y en innumerables ocasiones dicha Instrucción, su contenido se materializó en la Mesa de Negociación que se celebró el pasado 20 de agosto, en concreto con el despido de 700 interinos/as
2.- Que la demanda interpuesta por STAS-i y UGT tiene una enorme relevancia, al solicitarse declarar “NULAS Y NO AJUSTADAS A DERECHO” las disposiciones objeto de recurso, lo que supondría el reingreso de los 700 interinos y el abono del salario que han dejado de percibir desde la fecha de cese (agosto de 2012) hasta que sean reintegrados en su puestos de trabajo. De ser favorable la sentencia, como lo es el informe de fiscalía, el gobierno de Cospedal tendrá que hacerse cargo de un coste estimado de unos 14 millones de euros (700 despidos desde agosto de 2012).
3.- Que la prepotencia y arrogancia del Consejero Leandro Esteban y la torpeza de su director general, Juan Manuel de la Fuente nos han hecho prescindir a los castellanos-manchegos del trabajo de 700 funcionarios y funcionarias, a los que seguramente habrá que pagar la integridad de sus salarios, por lo que exigimos que se depuren las responsabilidades políticas.
4.- Que es de una enorme gravedad que el Ministerio fiscal aprecie una conducta antisindical por parte del Director General de la Función Pública, “en permanente actitud de retirar y cortar la palabra a los interlocutores sociales“, con una “ausencia total de acuerdos” y sin permitir la modificación “ni de una coma sola de los textos propuestos”
5.– Que esta actitud es intolerable para quien es presidente de la Mesas Sectorial de Funcionarios, la Comisión Paritaria del Personal Laboral, la Mesa de negociación del VII Convenio Colectivo (a la que ni asiste) y la Mesa General de Función Pública.
6.- Que el Gobierno regional no puede permitir verse representado por quien es acusado por el Ministerio Fiscal de incurrir en un “comportamiento antijurídico”, que “impide cualquier negociación” y que resulta “lesivo” para el derecho de la negociación colectiva, al ignorar el Estatuto Básico del Empleado Público y limitar “el derecho de actividad sindical”, vulnerando “el derecho a la libertad sindical”.
7.- Que el Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas debe asumir las responsabilidades políticas cesando inmediatamente tanto al Director General de Función Pública, como a sus asesores, para evitar volver a repetir estos episodios tan antidemocráticos y tan lesivos para la Junta de Comunidades.
8.- Que en caso de que no lo haga, Leandro Esteban deberá presentar su dimisión al demostrarse nuevamente su incapacidad para la gestión correcta y adecuada a la ley de la Función Pública en CLM.
El fiscal considera que la Junta de Cospedal violó la negociación colectiva al destruir 700 trabajos
El Ministerio Público asume las demandas de STAS Intersindical y de UGT y considera que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantuvo una “conducta antisindical” durante la reunión en la que se trató la modificación de los empleos públicos de la región.“La ausencia total de acuerdos, la drástica limitación de los debates que con frecuencia se dieron por concluidos de manera precipitada, y la absoluta falta de aceptación de propuestas”. Estas y otras situaciones que se produjeron en la reunión de la mesa sectorial de la función pública que se celebró el pasado 20 de agosto, en la que la Junta de Castilla-La Mancha aprobó
unilateralmente la destrucción de cerca de 700 puestos de trabajo, han hecho concluir a la Fiscalía de la región que la administración que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, violó el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos.
En un auto dictado el día 2 de este mes (ver PDF), al que ha tenido acceso Público, el fiscal asume así las demandas interpuestas por los sindicatos que participaron en esa reunión, UGT y STAS Intersindical, e insta a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a que dicte sentencia en ese mismo sentido. Las centrales habían exigido en sus respectivos escritos la recuperación de los 672 puestos que se destruyeron en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la administración regional, y de los cerca de 30 desaparecidos de la relación de empleos de personal funcionario, escala superior de sanitarios locales, en las especialidades de Farmacia y Veterinaria.
Y es que en sus respectivas denuncias consideraban que durante el encuentro del 20 de agosto el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, –que en las grabaciones de la reunión desveladas por este diario ya recalcó que sobraba “muchísima gente” entre el funcionariado– “en permanente actitud de retirar y cortar la palabra a los interlocutores sociales“, no permitió la modificación “ni de una coma sola de los textos propuestos”. Explicaban que la reunión se desarrolló “como una mera puesta en escena de negociación fingida”, vulnerando así el derecho del sindicato a la libertad sindical “en su vertiente de negociación colectiva”, recogido en el artículo 28.1 de la Constitución Española.
Una conducta “antisindical”
El Ministerio Público les da la razón. En su texto recalca que “la extraordinaria relevancia de las condiciones laborales afectadas (nada menos que la supresión de 700 plazas de funcionario), el comportamiento de la administración de provocar unilateralmente el cierre de la negociación después de una sola reunión de la mesa sectorial, la ausencia de toda formalidad posterior para resolver el conflicto y la inmediata publicación y entrada en vigor de las relaciones de puestos de trabajo que debían haber sido objeto de negociación, constituyen elementos valorativos suficientes para apreciar una conducta antisindical” por parte del Gobierno de Cospedal.
Los sindicatos explicaban en sus recursos que la primera información por parte de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas acerca de esa modificación de personal les llegó el 13 de agosto, cuando fueron citados a una reunión para el día 20. Hasta entonces, el único precedente, la única sospecha que tenían de que podía producirse una destrucción de puestos de trabajo la habían conocido a través de la prensa, por la filtracíón de una instrucción, fechada el 11 de julio, en la que la Dirección General de la Función Pública establecía que “cada consejería y organismo autónomo deberá amortizar el 80% de los puestos de trabajo vacantes de su consejería u organismo que, a fecha del 16 de julio de 2012, estén ocupados por personal funcionario interino”.
La Junta “impidió cualquier negociación”
El fiscal considera que se trató de “un anuncio” de la administración “de carácter meramente informativo” y que por su propia naturaleza “impidió cualquier negociación” y redujo el papel de la reunión del día 20 “a un mero papel pasivo cuya única opción consistía en aceptar o rechazar la modificación propuesta“. “Una cosa es que una negociación no alcance el éxito perseguido y otra bien distinta que se renuncie a negociar”, dicta en su auto.
Por todo ello, concluye que el Ejecutivo que preside la secretaria general del PP “incurrió en un comportamiento antijurídico”, que ha resultado “lesivo” para el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos. Lo hizo porque “ignoró” las previsiones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público y “limitó” la “capacidad de actuación de los sindicatos”, causando un “menoscabo real del derecho a la actividad sindical. En definitiva, insiste el fiscal, el Gobierno de Castilla-La Mancha, se vulneró “el derecho a la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva”.
