El 26 de octubre el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha colgado en su página institucional una consulta pública previa sobre un anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación. Se trata de un documento en el que de manera muy sucinta analiza los problemas que pretende solucionar y los objetivos que persigue la nueva norma. Desde la Confederación de STEs-intersindical queremos llamar la atención, en primer lugar, sobre lo limitado del planteamiento ministerial: únicamente pretende eliminar, según su visión, los aspectos que puedan haber sido más cuestionados de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
En efecto, para los STEs-i, resulta profundamente desalentador que después de casi medio año de gobierno del PSOE, y tras la oposición que previamente se venía planteando a la LOMCE, ahora el MEFP aborde el asunto de esta ley sólo como una reforma parcial de determinados aspectos que hayan podido ser más polémicos de la misma. Además, para esta Confederación, resulta muy preocupante que la intención declarada por el Ministerio de abordar determinados problemas se haga en base, por un lado, a unas supuestas coincidencias de toda la comunidad educativa detectadas en el seno de la ya desaparecida subcomisión parlamentaria para el pacto educativo, y, por otro lado, que una de las referencias sean las líneas estratégicas que determinados organismos supranacionales como la UE y la OCDE establecen en base a determinadas evaluaciones periódicas internacionales.
Partiendo de estos supuestos, el documento que ha publicado el MEFP no es mucho más que una declaración de intenciones más o menos ambigua y general en algunos puntos, mientras que en otros fija ya posiciones muy decepcionantes que se limitan a volver a la situación anterior a la LOMCE. Esto significa, por citar solo dos ejemplos, que se sigue sin sacar del currículo la enseñanza de la religión confesional, o que no se establezca un sistema plenamente democrático de dirección de los centros educativos que contemple la elección del director o directora por los representantes de la comunidad educativa.
Con todo ello, el Ministerio no parece, al menos después de analizar el documento que somete a consulta previa, que se plantee la transformación a fondo del sistema educativo que muchas organizaciones anhelamos. Nos tememos que se va a limitar simplemente a limar las aristas más duras de la LOMCE; los cambios se harán buscando el consenso (o, al menos, no chocar frontalmente) con los sectores social y políticamente más conservadores; y que todo ello se efectuará bajo las directrices neoliberales que emanan de la UE y la OCDE, y que se concretan en el marco que establecen pruebas internacionales de evaluación como PISA.
Como conclusión, STEs-intersindical quiere terminar manifestando, mediante este comunicado, su preocupación por las limitadas intenciones del Ministerio, a la vez que le exigimos diálogo y negociación con los distintos sectores de la educación pública, porque entendemos que la nueva ley no requiere sólo de un pacto entre diferentes grupos políticos, sino de un acuerdo social con quienes representamos a los diferentes sectores de dicha comunidad. Esta Confederación está convencida de que ha llegado el momento de abordar, por fin, un cambio profundo de nuestra máxima norma educativa y no de hacer sólo determinados retoques. Demandamos una nueva ley inclusiva, compensadora de desigualdades, que no seleccione ni segregue al alumnado, laica, democrática, respetuosa con las lenguas y culturas territoriales, que eduque para la igualdad real entre mujeres y hombres, el espíritu crítico y el compromiso con los valores transformadores de la sociedad. Una ley dentro de este marco progresista, de verdadera calidad, con la suficiente financiación y acordada con los distintos sectores de la comunidad educativa pública, es la que realmente dotará de verdadera estabilidad y calidad al sistema.
Secretariado de la Confederación de STEs-intersindical.
2 de noviembre de 2018
