La publicación de la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, ha supuesto un revulsivo para la recuperación de las condiciones anteriores a los recortes que estableció el RDL 14/2012, marcando el camino que han de seguir para el próximo curso las Comunidades Autónomas en cuanto a la aplicación de ratios del alumnado por aula en las diversas enseñanzas.

Le mencionada Ley ordena a las Administraciones Educativas “proveer los recursos necesarios” para garantizar que ya desde el inicio del curso 2019/2020 no se superará la ratio máxima de 25 alumnos por aula en la educación primaria y de 30 la educación secundaria obligatoria.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha, la Administración Educativa de nuestra comunidad autónoma ha desoído este mandato legal y ha elaborado las unidades que conformarán las diversas enseñanzas en los centros para el próximo curso escolar con las ratios de alumnado/unidad anteriormente establecidas, manteniendo 28 alumnos por aula en 5º y 6º de Primaria y de 36 alumnos por aula en 3º y 4º de Secundaria; incumpliendo así la Ley.

La Junta de Personal Docente No Universitario de Ciudad Real quiere manifestar el malestar del profesorado de esta provincia ante esta situación de ilegalidad y exige el cumplimiento estricto de la Ley 4/2019, para lo que el nuevo Gobierno regional deberá ineludiblemente, en cuanto se constituya, “proveer los recursos necesarios”; aprobando con urgencia las modificaciones presupuestarias que sean precisas para reforzar los equipos docentes con las contrataciones necesarias para cumplir desde el primer día del próximo curso escolar con las ratios que marca la Ley.

A la reducción obligada de las ratios hay que sumar cuanto antes, tal y como también recomienda la mencionada Ley 4/2019, la reducción del horario lectivo del profesorado. Ambas medidas permitirán una mejor y más provechosa relación de las y los docentes con el alumnado, y también con las familias; y redundarán en una mejora sustancial de los estándares de calidad de la enseñanza cuyas repercusiones positivas benefician a toda la sociedad.

 

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