El Congreso aprueba la paralización de la aplicación de la LOMCE y los partidos consiguen que el PP se quede solo apoyándola, aunque la abstención de Ciudadanos es un apoyo a la continuación de la aplicación de esta nefasta ley.

Y la comunidad educativa que se movilizó por la escuela pública se siente, una vez más, engañada y ve traicionado el compromiso adquirido por los partidos. Una vez más podemos decir que “no nos representan”.

El 17 de julio de 2013 se firmó en el Congreso de los Diputados por todos los grupos, excepto UPyD, un acuerdo promovido por el PSOE que dice: “Los grupos parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la LOMCE y paralizar de forma inmediata su aplicación, y trabajarán para elaborar una ley que cuente con el máximo consenso parlamentario y de la comunidad educativa”. La intención inicialmente era primero derogar, e inmediatamente, paralizar la normativa que la desarrolla.

El 20 de diciembre de 2015, todos los partidos que hoy tienen representación en el Congreso llevaban en su programa la derogación de la LOMCE, excepto el PP y Ciudadanos, y con la votación de la paralización han demostrado que son la mayoría absoluta del Congreso.

Sabemos que esta aprobación tiene muy difícil el llegar a ser efectiva, como también lo hubiera tenido la aprobación de la derogación, pero al menos los partidos hubieran cumplido su compromiso. Ahora se inicia el trámite parlamentario de la paralización que únicamente será efectivo si se forma un gobierno de cambio y progreso, un gobierno de izquierdas, pues de otra forma decaería su tramitación el mismo día que se convoquen las elecciones generales.

Si la propuesta aprobada en el Congreso continúa su tramitación y consiguen aprobar la “Proposición de Ley sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Orgánica)” , en julio, como máximo, las medidas que deben aplicarse, según la disposición final quinta de la ley, referentes a los cursos 2º y 4º de Educación Secundaria, a Bachillerato y Selectividad, dejarían de aplicarse el curso próximo, pero la reválida de Educación Primaria prevista para mayo se aplicaría, y continuarían aplicándose las medidas ya implantadas. Todo partiendo de que se forme gobierno y no se repitan las elecciones.

Desde el STE-CLM-Intersindical consideramos que debe continuar la defensa de la escuela pública y la lucha contra los recortes, pues aunque cambie el gobierno, como se está demostrando en CLM, es más fácil continuar con la aplicación de las políticas establecidas que realizar un cambio auténtico.

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