MANIFIESTO DE STE-CLM ANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BOLONIA
El 19 de junio de 1999 los ministerios competentes en educación superior de la UE firmaron la declaración de Bolonia, a través de la cual se comprometían a facilitar la movilidad de estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y PAS. Cada estado tenía plena autonomía para adoptar las medidas que considerasen adecuadas para conseguir estos objetivos. El Estado español decidió aprovechar esta coyuntura para configurar a través de diferentes R.D. y modificaciones legales una “reforma educativa”, que según afirmaban permitía la consecución de los mencionados objetivos de la declaración de Bolonia, con un escaso o nulo debate público. Es por ello que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no debe suponer la progresiva deriva de la Universidad hacia la subordinación a la lógica de mercado y al avance de la privatización, observamos con preocupación el modo en que el Ministerio (antes de Educación, ahora de Ciencia y Innovación) y las propias Universidades están poniendo en marcha este proceso y las repercusiones que ello puede tener en la misma institución, que pone de manifiesto una larga serie de contradicciones que esta creando una gran confusión y un profundo malestar en todos los estamentos y pone en peligro la enseñanza superior.
Para evitar que dicho proceso afecte negativamente a la calidad de la enseñanza universitaria reivindicamos:
-
Que la Universidad debe seguir siendo un lugar de producción, transmisión, difusión y crítica del conocimiento y no una mera fábrica de titulados;
-
Que la aprobación de titulaciones se desvincule de criterios exclusivamente mercantilistas y economicistas y valore, como se venía haciendo hasta ahora, la importancia del conocimiento para la formación científica, cultural y humanística de las y los estudiantes;
-
Que la financiación permita llevar a cabo el proceso de convergencia con garantías y sin perjuicio de la calidad de la enseñanza: NO a la reforma a coste cero. Esta financiación ha de adecuarse progresivamente a los presupuestos de los países más avanzados de la Unión Europea.
-
Que el Estado garantice el carácter público de todos los estudios universitarios, evitando la privatización y posibilitando el acceso de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones con una adecuada política de becas para todos ellos, incluyendo los estudios de Máster. Respecto a las becas reclamamos que su dotación aumente y se faciliten los requisitos de acceso, especialmente en el caso de los Masters oficiales. En ningún supuesto, los prestamos-estudios deben impedir el aumento progresivo de las becas públicas.
-
En relación a la conversión del CAP en un master de 60 créditos europeos -1500 horas- el acceso al mismo no debe suponer una barrera selectiva económica para las personas graduadas que quieran optar al mismo.
-
Que las universidades privadas no se financien con fondos públicos y que haya un control de las administraciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para la implantación de estudios y para el desarrollo de la enseñanza y la investigación. NO a la utilización de servicios públicos (por ejemplo, centros de salud) por universidades privadas.
-
Que se implemente un sistema objetivo de evaluación de la calidad de las titulaciones de todo el sistema universitario;
-
Que se apliquen planes de actualización y formación negociados con los representes del PDI y del PAS que garantice la adecuación a la metodología y las tareas que exige la Convergencia Europea.
-
Que la investigación no este supeditada exclusivamente a la aplicabilidad inmediata y a las demandas e intereses empresariales.
-
Que se avance en una reducción efectiva de la ratio alumnado-profesorado tanto en las clases teóricas como en el resto de clases presenciales (seminarios, tutorías, prácticas, etc.) y la reducción de la carga docente del PDI, en la que se contemple la diversidad de funciones que realizan (docencia, investigación y gestión) y se reconozcan las nuevas tareas que exige la adaptación de la enseñanza a una metodología centrada en el aprendizaje del alumnado;
-
Que el proceso de convergencia y de homologación entre países y estados respete la diversidad que supone la Europa de los Pueblos.
Por todo ello, reclamamos un nuevo Estatuto del Profesorado y un nuevo Estatuto del Personal Investigador y del PAS adecuados a la nueva situación y a las exigencias profesionales que de ella se deriven, y que contenga los siguientes puntos:
-
La adaptación al EEES debe suponer también la progresiva homologación de las retribuciones del profesorado y del personal de administración y servicios universitarios;
-
Ha de posibilitar el intercambio y una autentica movilidad del profesorado y el PAS;
-
El derecho a la negociación colectiva, tanto para el PDI y PAS, que regule sus condiciones de trabajo, la homologación salarial y el acceso a la estabilidad laboral;
-
Las funciones docentes, investigadoras, de gestión que lleva a cabo el PDI y el PAS que han de desarrollarse en unas condiciones de trabajo dignas, y en las que se tengan en cuenta los derechos reconocidos por la legislación general, laboral y la específica del personal funcionario público;
-
El cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud laboral, integración de estudiantes con necesidades educativas especiales, integración de personas inm
igrantes, etc.
-
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
-
Políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
-
Incentivación a la jubilación anticipada.
-
Desarrollo de programas de sostenibilidad por parte de las universidades.
Por lo cual, STE-CLM y STEs-INTERSINDICAL nos oponemos a las políticas privatizadoras que desde diversas instancias publicas o privadas nos quieren introducir en las universidades. Seguiremos propugnando la configuración de un sistema de educación superior y de investigación que garantice una universidad pública, democrática, participativa, plural, abierta, progresista y de calidad, respetuosa con la pluralidad nacional y cultural del Estado español, donde las y los estudiantes sean el eje central y que persiga la consecución de los más altos fines de justicia, cooperación y solidaridad entre todos los pueblos y culturas.
Por todo ello, reclamamos al Gobierno central y autonómicos y al Ministerio de Ciencia y Innovación la apertura de un proceso de debate, de negociación y en su caso de rectificación de los aspectos que la comunidad universitaria y sus representantes han reclamado.
