EL PARTIDO POPULAR INTENTA DE NUEVO BOICOTEAR LA CONSULTA CIUDADANA POR LA EDUCACIÓN MEDIANTE TRABAS BUROCRÁTICAS. EXIGEN 500 EUROS DE “FIANZA” POR INSTALAR MESAS EN GUADALAJARA
El Partido Popular no cesa en su empeño de boicotear la consulta ciudadana por la Educación puesta en marcha en nuestra región el pasado martes día 3 de octubre, por la Plataforma por la Escuela Pública.
Primero fue la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que remitió una circular a todos los centros educativos prohibiendo llevar a cabo la consulta ciudadana en el interior de los recintos escolares. Esta prohibición no ha frenado en modo alguno la consulta, en la que ya han participado cientos de personas solo en el inicio de la campaña en Castilla-La Mancha, a través de multitud de mesas instaladas tanto en la puerta exterior de los centros educativos como plazas y calles de localidades de toda la región.
El nuevo intento de boicot por parte del Partido Popular proviene esta vez del Ayuntamiento de Guadalajara, a través del 2ª Teniente Alcalde y Delegado de Infraestructura y Festejos, quien ha respondido a nuestra comunicación de instalación de mesas informativas en dicha localidad para recoger la opinión de la ciudadanía, con la exigencia del pago de una “fianza” de 500 euros. ¿Es que actúan de la misma forma con el resto de mesas que se colocan habitualmente en los espacios públicos?
Además, en el día de ayer la policía obligó a retirar una pancarta en la mesa instalada en la Plaza de Santo Domingo (Guadalajra) por que solo se contaba con autorización para la mesa pero no para la pancarta. La pancarta decía “Ni LOMCE ni recortes. Más y mejor Educación”.
Queremos recordar a este Gobierno que el acto de Consulta Ciudadana por la Educación se enmarca en el derecho fundamental de reunión reconocido por nuestra Constitución de 1978 en su artículo 21 y posterior desarrollo por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de reunión. Dicho derecho no necesita autorización previa, exigiendo únicamente comunicación previa cuando su ejercicio se produzca en lugares de tránsito público, comunicación que se llevó a cabo por escrito de 30 de septiembre de 2013. Y, si bien la responsabilidad sobre el buen orden de la reunión recae en los organizadores, cuestión que no declinamos, la obligación de depositar una fianza supone claramente una traba al ejercicio legítimo del derecho que no está amparado por la legislación del más alto rango reguladora del derecho.
Este tipo de actuación, junto con las amenazas, multas, sanciones, se están convirtiendo en habituales por parte del gobierno del PP en nuestra región, pretendiendo acallar cualquier tipo de protesta legítima ciudadana contra sus políticas de recortes sociales. ¿Tanto miedo tienen a escuchar la opinión ciudadana?
No lo van a conseguir, no nos vamos a callar, no vamos a cesar en la defensa de nuestros derechos, no permitiremos que nos los arrebaten ni que coarten nuestra libertad de expresión. Animamos a toda la ciudadanía a demostrar el rechazo a estos intentos de frenar las protestas participando masivamente en las movilizaciones contra la LOMCE y los recortes en Educación.
Adjuntamos el documento del ayuntamiento donde se especifica la exigencia de la fianza.
