Los resultados del informe PISA publicados en el día de hoy, vuelven a certificar las dificultades a las que ha tenido que hacer frente la educación, en general, y el profesorado, muy en particular, en los últimos años en nuestro país. La masificación de las aulas, el descenso del número de docentes, y además peor pagados, para atender a un alumnado más numeroso, ha condicionado la práctica educativa y, en consecuencia, sus resultados.

En primer lugar hay que señalar, como hemos hecho en anteriores ocasiones, que el Informe PISA no es, en absoluto, el indicador infalible ni el medidor absoluto de la enseñanza en un país. El abuso por parte de las autoridades educativas de las pruebas de evaluación externa al alumnado (PISA, TIMSS, PIRLS, Evaluaciones externas en diversas Comunidades Autónomas), pueden provocar la pérdida de peso de las materias y competencias que no se evalúan, así como la infravaloración del carácter integral del currículo, además de que buena parte del tiempo escolar se dedique al entrenamiento para tener éxito en estas pruebas. Esta sobresaturación de pruebas puede explicar -al menos, en parte- la circunstancia que se ha producido en nuestro país con los resultados de comprensión lectora y que ha provocado que los datos en esta materia no hayan sido considerados fiables y, en consecuencia, no se hayan publicados, tras detectar la OCDE “anomalías” en las respuestas.

De las competencias analizadas y publicadas (Matemáticas y Ciencias) se deduce que, en el conjunto del Estado, los resultados han empeorado. Ligeramente en matemáticas y de forma más acusada en ciencias, donde el alumnado español ha obtenido los peores resultados desde que arrancó la prueba en el año 2000. Siete años de gobiernos (que van desde 2011 hasta 2018) que no solo no han priorizado la educación, sino que la han postergado, ha tenido estas consecuencias. Recordemos que el Informe ahora publicado se basa en los exámenes que se pasaron en mayo de 2018, sobre una generación educada plenamente en un contexto de recortes: alumnado que en Educación Primaria sufrió los recortes de principios de la década y que en Educación Secundaria ha soportado las consecuenias de la Lomce y de cambios normativos que castigan principalmente al alumnado más vulnerable, con necesidades de apoyo específico y diversificación curricular.

Además, el Informe constata las diferencias territoriales existentes, de forma que la brecha norte-sur se consolida: Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía y Extremadura (territorios donde la tasa de desempleo está muy por encima de la media estatal) ocupan las últimas posiciones. Por otro lado, el análisis por Comunidades Autónomas nos deja lecturas inquietantes, por ejemplo, la Comunidad de Madrid -que se mantiene en posiciones altas- es la comunidad que más empeora en las dos materias. La Autonomía que fue pionera en los recortes educativos desde 2010 y que peor gestionó en el terreno de la educación la recuperación económica, sufre un importante retroceso (casi 30 puntos menos en ciencias y un descenso de 17 puntos en matemáticas). Cuando en otras Comunidades Autónomas el leve incremento de los presupuestos de enseñanza en los tres últimos años (periodo que va desde la publicación del anterior informe PISA) se traducía en la contratación de parte del profesorado despedido y, por lo tanto, en la disminución de las ratio por aula, en Madrid se destinaba a aplicar numerosos complementos retributivos (tutorías, TICs, biblioteca, bilingüismo, programas de refuerzo, de excelencia, de promoción del deporte y un largo etcétera) que dividen al profesorado y dificultan el necesario trabajo conjunto, base de cualquier éxito educativo.

Por el contrario, algunas Comunidades del norte como País Vasco o Cantabria, donde los recortes fueron menos extremos y en los últimos años el aumento presupuestario en educación más notable (en el País Vasco se mantuvo el horario lectivo del profesorado, por ejemplo) han progresado significativamente desde el Informe PISA de 2015.

Otros aspectos destacables hacen referencia al mantenimiento de Portugal entre los países que habían mejorado notablemente ya en los resultados del Informe PISA de ediciones anteriores, como efecto de la política mantenida por su gobierno de reforzar la enseñanza pública y disminuir el gasto en enseñanza privada. Significativo es, asimismo, que el Estado español mantiene un porcentaje de inmigrantes en sus aulas muy similar al de la media de los países de la OCDE (12,2% en el Estado español, por un 13,7% en la OCDE) y que su nivel de integración social también es muy parecido al del resto de países (75,8% en Estado español, por un 76,1% de la media de los 79 estados que conforman el estudio).

Secretariado de STEs-Intersindical, 3 de diciembre de 2019