Resolución de 18/01/2013, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2013/2014 en centros docentes públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se especifican los plazos para determinados procedimientos establecidos en la Orden de 22/01/2007, modificada por Orden de 15/01/2013, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha

Según la Consejería, con la zona única de escolarización en una misma localidad se pretende garantizar la libertad de las familias de elección del centro, pero la realidad es que hasta ahora esa libertad estaba garantizada, ya que con el anterior sistema más del 90 % del alumnado conseguía la primera opción solicitada, con lo cual consideramos que esta medida es meramente política y que lo único que pretende es reforzar la enseñanza privada concertada, perjudicando al sistema educativo público. Ahora se entienden las declaraciones del Consejero cuando decía que en Castilla-La Mancha apenas existía educación concertada, y sus intenciones de que esta realidad cambie.

Recordamos además el buen funcionamiento hasta el momento de las comisiones de admisión de alumnado, que velaban por una distribución equilibrada del alumnado en los centros, lo que ahora no se respetará, con lo cual se favorecerá la creación de guetos educativos en zonas con perfil socioeconómico bajo,y el trasvase de alumnado de centros públicos a privados concertados. A esto hay que unir que este probable trasvase de alumnado llevará aparejado el consiguiente desplazamiento de profesorado de centro, e incluso la supresión cuando el alumnado se escolarice en centros privados.

Desde el STE-CLM rechazamos esta medida, que no beneficiará más que a los centros privados sostenidos con fondos públicos, y que puede tener consecuencias muy negativas para el sistema educativo público, favoreciendo las desigualdades entre centros, entre alumnado y entre familias, además de favorecer la inestabilidad de las plantillas de profesorado de los centros.

Se muestra una vez más que las intenciones de la Consejería son las de crear una red de centros privados sustentados con los impuestos la ciudadanía, gestionada por personal privado.

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