En los últimos meses estamos asistiendo a la mayor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial. Entonces muchos europeos que se enfrentaban a la persecución recibieron la generosa respuesta de otros países. En cambio, ahora observamos la deplorable respuesta de la Unión Europea, que trasluce una vergonzosa falta de humanidad.
Sólo en Siria, desde marzo de 2011, cientos de miles de personas, en su mayoría civiles, han sido asesinadas, torturadas o víctimas de desapariciones forzadas y millones se han visto obligadas a desplazarse internamente o refugiarse, fundamentalmente en países del entorno como Líbano, Jordania o Turquía, huyendo de las bombas, la represión y el terror. Se calcula que más de 11,6 millones de personas, más de la mitad de la población de Siria, han tenido que abandonar sus hogares. El conflicto de Afganistán o la masiva represión por parte del gobierno de Eritrea, además de la inseguridad que se vive en países com Iraq, Nigeria o Somalia, están haciendo que muchas más personas se sumen al peligroso camino que esperan que les conduzca a algún destino en Europa donde puedan llevar una vida normal o, al menos, salvar sus vidas.
Ante esta crisis de gigantescas dimensiones, la respuesta de la comunidad internacional está siendo infame: miles de personas solicitantes de asilo y refugiadas están atrapadas en la frontera de Macedonia con Grecia sufriendo la violencia de las fuerzas de seguridad macedonias y de paramilitares; Hungría está levantando una valla de cientos de kilómetros a lo largo de la frontera con Serbia que constituye una barrera más para las personas que buscan protección a la vez que su Presidente realiza declaraciones de carácter xenófobo; otros países de tránsito como Grecia y Serbia no disponen de los medios adecuados para albergar en condiciones dignas al gran volumen de personas que están recibiendo; y el resto de la Unión Europea mira para otro lado u ofrece respuestas tardías y muy alejadas de lo que la situación actual exige: crear rutas legales y seguras para los refugiados y aumentar de forma significativa las plazas de reasentamiento. No se ha de olvidar la responsabilidad de la comunidad internacional en el origen y avivamiento de muchos de estos conflictos a través de la transferencia de armas a gobiernos o grupos armados que las utilizan para la comisión crímenes.
Por el contrario, la sociedad civil de los países de acogida está dando una enorme lección de solidaridad, ofreciendo comida, ropa, colchones o facilitando la comunicación de las personas refugiadas con sus familiares, etc. En España se está tejiendo una Red de Ciudades Refugio, formada por ayuntamientos que están destinando partidas presupuestarias para acoger a un buen número de personas en instalaciones públicas o en viviendas vacías. También algunas comunidades autónomas, como Navarra, se han ofrecido para acoger a personas refugiadas. Mientras tanto el Gobierno regatea a la baja de forma lamentable la ya de por sí raquítica cuota de refugiados que le ha asignado la Unión Europea (5.837), cuando además España es uno de los países que menos solicitudes de asilo recibió y admitió el año pasado en comparación con el resto.
En su conjunto, la UE, con una enorme riqueza comparada con otras regiones del mundo y con una población de 500 millones de habitantes, tiene sobrada capacidad para acoger a las 340.000 personas que se estima que han llegado a lo largo del año a su seno. Es urgente que los gobiernos europeos emprendan acciones para proteger y dar asistencia a las personas que buscan asilo y refugio tal y como les obligan los tratados internacionales que han firmado. Además de abrir vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo y reforzar los programas de reasentamiento, se ha de mejorar la capacidad de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, facilitar las peticiones de asilo en embajadas y consulados de terceros países y abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.
Ante la vergonzosa actitud de los estados de la UE, entre ellos el español, ante esta crisis humanitaria, en STE-CLM pensamos que la sociedad civil española y particularmente la castellano-manchega, ha de incrementar la presión para dar un giro de 180º a las actuales políticas gubernamentales caracterizadas por la insolidaridad, desidia y pasividad. Por ello STE-CLM insta a la Cortes Regionales, al Gobierno de la Junta de Comunidades y a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha a que exijan al Gobierno español que adopte medidas para abordar la crisis humanitaria y de refugiados y que pongan a su disposición un número significativo de plazas de reasentamiento para personas refugiadas, así como suficientes recursos para la implementación de los programas de integración necesarios, sumándose a la Red de Ciudades Refugio.
