STE-CLM rechaza la Ley de Seguridad Ciudadana por poner en riesgo la libertad de expresión, de manifestación y la libertad sindical y llama a la movilización para frenarla.
Cuando se recortan millones de euros en Educación, Sanidad y Servicios Sociales mientras se rescatan bancos con prácticas más propias de un casino que de una institución de crédito o constructoras privadas de autopistas ruinosas; cuando incluso se llegan a violar derechos humanos como el acceso a la salud de las personas migrantes en situación irregular o el derecho a la vivienda de cientos de miles de familias que son desahuciadas de las únicas casas de que disponen para vivir; cuando se reforma la Constitución en 24h para preservar los intereses de los mercados o se toman decisiones que empobrecen a la clase trabajadora en beneficio de oligopolios y las élites económicas; cuando se destapan a diario gravísimos casos de corrupción que escandalizan a todas aquellas personas decentes que llevan años apretándose el cinturón, víctimas de reformas laborales que no han hecho más que expulsar a más gente al desempleo o generar cientos de miles de trabajadores y trabajadoras pobres, no nos queda otra cosa que salir a la calle y protestar.
Así ha sucedido en los últimos años, donde millones de personas han ejercido de manera impecablemente pacífica sus derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión en forma de mareas, protestas sindicales, plataformas en defensa de los servicios públicos o marchas de la dignidad. El Partido Popular, consciente de la creciente indignación y contestación ciudadana, ha sacado adelante en el Congreso, con el voto en contra de toda la oposición y un rechazo social generalizado, la nueva, regresiva y represiva Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSD), conocida como “Ley Mordaza”.
Desde STE-CLM denunciamos, al igual que numerosas organizaciones, sociales, sindicales, de derechos humanos tanto estatales como internacionales, que esta ley, con un gran componente de ambigüedad y arbitrariedad, otorga más poder a la policía y reduce las garantías para la ciudadanía, al trasladar al ámbito administrativo delitos que antes contemplaba el Código Penal y sobre los que los jueces estaban dando sistemáticamente la razón a los ciudadanos y ciudadanas frente a la Administración, además de crear nuevas infracciones. Ahora habrá presunción de veracidad para los agentes en un mayor número de situaciones. Es decir, se extenderá la conocida como “burorrepresión”, cuya aplicación venimos denunciando en Castilla-La Mancha en los últimos años.
La Ley supone una injustificada limitación de la libertad de expresión y manifestación, incluyendo sanciones de hasta 30.000 euros por llevar a cabo protestas en las cercanías del Congreso, Senado o de las cámaras territoriales o por grabar las actuaciones policiales en manifestaciones, acción esta última que ha permitido documentar abusos policiales, pese a que, lamentablemente, muchos de ellos acaban quedando en la impunidad. También se sancionarán las manifestaciones espontáneas aunque se trate de reacciones a un acontecimiento inmediato y la persona o personas organizadoras no tengan posibilidad de notificar con antelación.
La Ley carece de una justificación real que permita siquiera sospechar que la seguridad ciudadana está en peligro. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló en el Congreso que el total de manifestaciones en los últimos tres años había sido de 90.000, negó que las protestas violentas en España fueran numerosas y comentó que “solo suponen un 0,08% de las más de 90.000 manifestaciones pacíficas que se han convocado”, es decir, 72 de todas las anteriormente señaladas.
Además, una enmienda de última hora va a legalizar las devoluciones en caliente de los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, pese a que esta práctica es ilegal en el derecho comunitario e internacional y expone a las personas -muchas de ellas en busca de asilo y refugio- a sufrir torturas, desapariciones, poniendo en serio riesgo su vida.
STE-CLM teme además que las ambigüedad de varios artículos de la nueva Ley pueda conllevar en la práctica a una restricción injustificada de la libertad sindical, asimilando algunos conflictos laborales a alteraciones del orden público, pudiéndose también limitar la actividad sindical en instalaciones que presten servicios básicos para la comunidad (como instalaciones de telecomunicaciones, energía, etc.) con multas de hasta 600.000 €, al estar tipificado como infracción muy grave el perjuicio para su funcionamiento, o pudiéndose considerar los piquetes informativos, tal y como está redactada la norma, como “obstrucción que pretenda impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial, el ejercicio legítimo de sus funciones o cometidos”.
Para STE-CLM la “Ley Mordaza”, en lugar de proteger el legítimo derecho a la protesta, busca su criminalización y pretende acabar, pisoteando derechos fundamentales, con la contestación social a unas políticas sociales y económicas que están perjudicando de manera despiadada a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Es por eso que llamamos a participar en todas aquellas movilizaciones que tengan como objetivo evitar que esta Ley que amenaza la libertad de expresión, de manifestación y sindical se pueda llegar a aplicar.
