Con la entrada en vigor de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha, desde el 1 de enero de 2020 el personal de la función pública vuelve a sufrir un retroceso en las condiciones laborales por parte del Gobierno de García Page.
La citada ley es una gran noticia que permitirá percibir al personal de la función pública el 100% de las retribuciones en caso de incapacidad temporal, cualquiera que sea la causa de la enfermedad o del accidente que dé lugar a la situación de incapacidad temporal. Es decir, se deja de ser penalizado por enfermar o sufrir un accidente que impida trabajar.
Este avance que ha defendido STE-CLM junto al resto de sindicatos se debería haber aplicado mucho antes, pues se permitía desde la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Y de esta forma, casi 1 año y medio después, siendo los y las castellano manchegas los últimos en recuperar este derecho y donde muchas personas han visto mermada su nómina cuando han estado de baja laboral, es donde llega el gran recorte al profesorado, pues desaparecen los llamados “griposos” y la normativa que regula la justificación de ausencias al trabajo por enfermedad común o accidente no laboral remite a la Resolución de 08/05/2012, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación.
Esta Resolución fue publicada en el apogeo de los recortes perpetrados por Cospedal y Marcial Marín en el año 2012, regula las justificaciones y los permisos por asistencia médica, indisposición durante la jornada laboral e Incapacidad temporal debida a enfermedad común o accidente no laboral. Esta normativa se publicó en plena persecución a los y las trabajadoras del sector público, sobre los que se pretendió cargar la responsabilidad la crisis. Al suprimirse la modificación de los “griposos”, cualquier indisposición durante la jornada laboral deberá ir acompañada de un justificante, es decir, de una visita al servicio de urgencias, el que tantas veces la comunidad sanitaria nos solicita que no saturemos innecesariamente. Además, esta normativa recoge una serie de trabas burocráticas para poder justificar los permisos que no facilitan el trabajo del personal sanitario ni el SESCAM está preparado para ello desde que habilitó las máquinas para solicitar justificante de asistencia en algunos servicios.
Por eso, desde STE-CLM exigimos que se retire esta resolución y se negocie inmediatamente con la representación del profesorado una nueva que de seguridad jurídica al profesorado, equipos directivos e inspección, basada en el principio de confianza a los y las trabajadoras del sector público, que minimice la burocracia, evite la saturación de los centros sanitarios y anteponga la salud de los y las trabajadoras.
