Queremos manifestar nuestro compromiso con una educación pública como derecho social, que se comprometa en todas sus prácticas con la diversidad social, histórica y cultural de nuestros pueblos.
PISA es una prueba estandarizada aplicada cada tres años a estudiantes de 15 años. Su primera aplicación fue en el año 2000, fecha desde la cual se han incorporado más de 70 países. Para poder participar, cada país debe contar con un equipo técnico especializado y pagar por su aplicación. Actualmente la OCDE, que aplica la prueba PISA, ha contratado a una corporación transnacional de la educación, la empresa Pearson, para el desarrollo de su versión en 2018.
Por otra parte, los resultados de PISA se han convertido en un importante indicador incorporado a los análisis de competitividad económica de los países.
Estas pruebas generan numerosos problemas en diversos ámbitos:
– En el político-educativo: los Ministerios de Educación tienen un limitado control de esta evaluación, teniendo como efecto una intensificación de la estandarización de procesos y mediciones. Progresivamente, organismos internacionales como la OCDE han impuesto transformaciones en las políticas educativas en el mundo, llevando a los procesos educativos a una concepción errónea y limitada de progreso. Esta estandarización incluye la instalación o adaptación de las pruebas nacionales a un parámetro global a través de la presión ejercida por los rankings. Por otra parte, la estandarización ha impulsado la fuerte entrada de empresas privadas que han desplazado a los Ministerios de Educación, al profesorado, a sindicatos y escuelas de la gestión de sus proyectos educativos. En definitiva, esta lógica reduce los procesos de enseñanza-aprendizaje que deben apuntar al desarrollo integral y holístico, enraizado en una consciencia histórico-social crítica.
– En el de técnico de fiabilidad de las pruebas: PISA promueve rankings de países en virtud de los resultados. Esta práctica busca neutralizar las enormes diferencias culturales, cosmovisiones y características lingüísticas propias de cada contexto nacional. Este factor implica que esta prueba no cumple con los más mínimos criterios de validez y confiabilidad.
– En el plano pedagógico y social: las pocas materias curriculares que “evalúa” esta prueba, lo que ha significado el desprecio de asignaturas como artes, música, filosofía e historia. El tiempo escolar se ha reestructurado para dar cabida al entrenamiento para tener éxito en estas pruebas. Cabe señalar que estas mediciones no son sometidas al arbitrio social ni pedagógico. Estas medidas no toman en cuenta los contextos sociales, ni la diversidad de valores y prácticas pedagógicas. Las estadísticas PISA y sus variantes nacionales discriminan, presionan, y estigmatizan a regiones, países y pueblos en sus comparaciones. El control y la presión por obtener buena puntuación recae finalmente en el profesorado y estudiantes.
Por estas razones, demandamos la anulación de los contratos que los diversos gobiernos han firmado con la OCDE. Asimismo, exigimos el término de las pruebas estandarizadas.
Desde STE-CLM defendemos la necesidad de contar con escuelas que sean protagonistas de la transformación de una educación para la justicia social. Queremos denunciar también las acciones represivas que varios estados y autoridades han desencadenado en contra de movimientos sociales, magisteriales y estudiantiles que se han manifestado oponiéndose a las diversas formas de estandarización neoliberal.
Los sistemas de evaluación deben estar enraizados en las comunidades, deben observar la complejidad, y deben promover una educación respetuosa con los derechos humanos y sociales. Sólo de esta manera formamos ciudadanos y ciudadanas en plenitud.
