Un nuevo capítulo del Informe PISA fue hecho público ayer, día 21 de noviembre de 2017. En este caso, se trata de la evaluación del trabajo en equipo y de la resolución de problemas en grupo por parte de los estudiantes de 15 años. Desde STE-CLM rechazamos esta prueba que no cumple con los más mínimos criterios de validez y fiabilidad, que promueve rankings en virtud de los resultados, y que busca neutralizar las enormes diferencias culturales y características propias de cada contexto nacional. Además, también vemos cómo la interpretación de sus resultados se utiliza una vez más y pone en entredicho la figura del profesor, afirmando un importante medio de comunicación que nuestro profesorado tiene poca capacidad de trabajo en equipo, apuntando a la calidad del profesorado como origen de deficiencias y disfunciones del sistema, y pidiendo control y vigilancia de la labor docente en el aula e incentivos económicos según los resultados obtenidos.
En los últimos años hemos venido denunciando el abuso por parte de las autoridades educativas de las pruebas de evaluación externa al alumnado (PISA; TIMSS, PIRLS, Evaluaciones externas en diversas Comunidades Autónomas), que pueden provocar la pérdida del peso de las materias y competencias que no se evalúan, así como la infravaloración del carácter integral del currículo, además de que buena parte del tiempo escolar se dedique al entrenamiento para tener éxito en estas pruebas.
Asímismo, hay que señalar que en este, como en cualquier informe que analiza resultados educativos, el contexto socioeconómico es determinante para sacar conclusiones. Y desde luego, hay que tener en cuenta el contexto de recortes producidos en los últimos años en España. A pesar de que, actualmente, el profesorado atiende a un mayor número de alumnos/as por clase, ha sufrido un aumento del horario lectivo que deja menos tiempo a otras tareas como la coordinación, un aumento de la burocracia, tiene menos apoyos, le penalizan económicamente cada vez que cae enfermo… entre un largo etcétera, podemos afirmar que es el profesorado , en una situación desfavorable, el que mantiene el nivel educativo en nuestra región y a nivel nacional.
Todo ello sin el reconocimiento de las autoridades, que -muy al contrario- sitúan al profesorado en el centro de las críticas y en la búsqueda de culpabilidades, como está quedando demostrado en la Subcomisión del Congreso de los Diputados que estudia el pacto Educativo, sobre todo en las intervenciones de los “especialistas” propuestos por el partido en el Gobierno, el Partido Popular, el mismo que ha provocado los recortes antes citados.
También volvemos a encontrarnos con la evaluación del profesorado y la carrera profesional, como solución a los problemas del sistema educativo, del sistema de selección y acceso a la labor docente. Dividir salarialmente al profesorado en función de la evaluación es introducir un sistema competitivo entre el profesorado, que podría llegar a estar más atento a la superación de la propia evaluación por su incidencia en el salario, que al proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado. Estando de acuerdo con que debe modificarse y mejorarse el sistema de acceso, y muchas otras cuestiones del sistema educativo, estos planteamientos no solo no ayudan a esa mejora sino todo lo contrario, se pone en el punto de mira de nuevo al profesorado como responsable de las deficiencias del sistema, cuando realmente está siendo el sostén del mismo, llevando a cabo su labor a pesar de los recortes, de los pocos recursos, de que se tiene que formar en su tiempo libre y a costa de su bolsillo en la mayoría de los casos, soportando una carga burocrática excesiva y escuchando cómo se proponen recetas neoliberales que nada tienen que aportar al mundo de la enseñanza.
Paradójicamente estas propuestas neoliberales nada dicen sobre que el porcentaje de gasto educativo respecto al PIB se ha reducido drásticamente. Nunca se ha destinado menor porcentaje del PIB a este área, al pasar del 4 % de 2017 al 3,8 % previsto para 2018. Y en las previsiones para el año 2020, enviadas por el Ministerio de Hacienda a Bruselas, es aún peor, estimando este porcentaje en un 3,67%.
Pretender abordar un debate educativo para supuestamente mejorar la enseñanza con estas propuestas, es desconocer el sistema educativo, a su profesorado, a su alumnado y a los padres y madres… Mientras no se derogue la LOMCE, se recupere la inversión en la educación pública, se mejore de las condiciones en las que el alumnado recibe sus clases y en las que el profesorado las imparte, se recupere la participación democrática en la gestión escolar, etc. no se podrán asentar las bases para garantizar una enseñanza pública y laica de calidad para todos y todas.
http://ste-clm.com/wp-content/uploads/2017/11/Informe-PISA-2017.pdf
