Sin duda, es de agradecer la explicitación de esta obviedad por parte de la máxima responsable de la educación en el Estado español, aunque a renglón seguido Isabel Celaá dejase claro que la política educativa no parece que vaya a sufrir cambios en este aspecto: “No quiere decir que no haya libertad para elegir, sino que no está dentro del artículo 27”. Cabe recordar que ya en junio de 2018, Isabel Celaá, en su primera intervención pública como ministra y portavoz del Gobierno, aseguró: “No hay nada que temer, conocemos el valor de la red concertada y la respetamos”.
Cuando se implantaron los conciertos educativos en la década de los 80, se hizo otorgando carácter subsidiario y provisional a los centros concertados y justificándolos en la imposibilidad de asumir en ese momento toda la demanda educativa por parte de la red pública. Sin embargo, décadas después la red privada concertada no solo no ha disminuido, sino que aumenta cada curso a costa de la pública. Declaraciones como la de la ministra no parecen indicar, desde luego, que la administración vaya a apostar por la educación pública, ni que vaya a priorizar la red pública frente a la privada concertada, ni que vaya a poner en cuestión la doble red, esa anomalía que tanto resta al sistema educativo, al alimentar el círculo vicioso de las desigualdades sociales. Como ejemplo de lo que decimos, dos datos concretos. El primero, según el informe “Diferencias educativas regionales 2000-2016” publicado recientemente por la Fundación BBVA, el 40% del alumnado de los centros públicos proviene de entornos socio-económicos desfavorecidos, mientras que este porcentaje en los privados es del 7,5%. El segundo, según datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, la educación privada concertada aumentó un 25% su financiación entre 2007 y 2017, mientras que en el mismo periodo la pública solo lo hizo en un raquítico 1,4%.
Tener subvencionada una parte importante de la educación de nuestras hijas e hijos, en manos de la Iglesia, en general de cualquier confesión religiosa, acríticas, dogmáticas, sectarias, adoctrinadoras y acientíficas es otra gran anomalía que ningún sistema público, sustentado con fondos públicos, debería tener. Así no se garantiza la equidad.
Para STEs-i, la regularización hacia la plena constitucionalidad de la Educación Pública pasa por tomar las medidas necesarias para tener una educación pública plenamente integradora, intercultural, igualitaria, democrática y laica. En esta línea, STEs-i pide la derogación inmediata de los Acuerdos con el Vaticano, que entendemos son un obstáculo para esta normalización.
Sin embargo, señora ministra, muy al contrario de lo manifestado por el secretario general de la Conferencia Episcopal, los STEs-i confiamos en que sus palabras no hayan sido “un lapsus”, sino una señal de que está usted dispuesta a debatir en torno a las nuevas políticas educativas que necesitamos. Un buen paso sería, por ejemplo, eliminar de una vez el tergiversado concepto de “demanda social” como criterio para la oferta de puestos escolares.
Secretariado de la Confederación de STEs | Intersindical Madrid, 19 de noviembre de 2019
