Con cuatro años de inestabilidad política, tres convocatorias de elecciones generales y una moción de censura que acabó con el mandato de Mariano Rajoy, el próximo 28 de abril las urnas decidirán un nuevo gobierno central. Durante esta etapa, STEs-intersindical ha exigido a los partidos políticos en cada contienda electoral revitalizar y dignificar la Educación Pública, sustraerla de los intereses ajenos marcados por los mercados, las directrices neoliberales y los dogmatismos nacional-católicos, y construir una Escuela Pública democrática, equitativa, compensadora, laica, coeducadora y respectuosa con las culturas y lenguas territoriales.
Hace menos de un año, la Confederación Intersindical valoró positivamente la superación de la moción de censura presentada por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados y, con la constitución del nuevo gobierno, STEs-i exigió abordar con urgencia las medidas necesarias para paliar los daños causados en el sistema público de enseñanza. Sin embargo, el breve periodo gubernamental de Pedro Sánchez ha dado pocos frutos en la recuperación de los derechos sociales perdidos en el tiempo anterior.
En el campo educativo, a pesar del empeño manifestado por la ministra Isabel Celaá, lo conseguido ha sido escaso: la propuesta de Ley de derogación de la LOMCE ha quedado en suspenso con el cierre de las Cortes a principios de marzo por la convocatoria de los estos comicios generales, la política de becas solo ha llegado a maquillar la anterior normativa de Partido Popular y la Ley de Mejora de las condiciones laborales para el desempeño de la docencia, en el ámbito de la educación no universitaria, resulta insatisfactoria para el profesorado, al dejar en manos de las administraciones autonómicas los horarios lectivos, y no será aplicable hasta el próximo curso académico. En suma, no se han llegado a afianzar las reformas necesarias para mejorar en profundidad la calidad de la Educación Pública en todo su recorrido, desde la infancia hasta la Universidad.
Respecto a otras cuestiones laborales que afectan al profesorado, el acuerdo retributivo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, CSI-F y UGT para el periodo 2018-2020 ha renunciado a la recuperación del poder adquisitivo del funcionariado, que actualmente se sitúa en cerca de un 13% desde los inicios de las políticas de austeridad.
Por otra parte, en cuanto a la precariedad laboral y la inestabilidad en el empleo, sigue en marcha la aplicación de las medidas contempladas en el I Acuerdo para la Mejora del Empleo Público de 2017, medidas que ni están reduciendo la interinidad ni aseguran la consolidación del personal interino afectado, que puede verse abocado a la pérdida de su puesto de trabajo, contraviniendo las directrices de la Unión Europea.
Ante esta nueva convocatoria de elecciones generales, nos encontramos con un mapa político complicado y con serios riesgos de involución. Las fuerzas progresistas siguen poco cohesionadas, si no divididas, mientras la derecha —también fragmentada pero proclive a pactos como recientemente en Andalucía— esgrime posicionamientos ultraconservadores que nos pueden hacer retroceder más allá de las anteriores políticas de Mariano Rajoy. STEs-i llevamos advirtiendo desde hace tiempo que estas estrategias responden a un plan de degradación de lo público diseñado a conciencia para potenciar la privatización y beneficiar a las élites mediante el sometimiento de la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias, eliminando el derecho a la educación y convirtiéndolo en un bien de mercado. El sindicato denuncia y declara su oposición a las propuestas involucionistas y antidemocráticas de los partidos conservadores, que inciden en el incremento de las desigualdades sociales en provecho de las élites.
REVITALIZAR Y DIGNIFICAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Con estas reflexiones, la Confederación de STEs-intersindical hace un llamamiento a todas las ciudadanas y ciudadanos del estado para que tomen conciencia de que, por garantías de justicia social, es necesario cambiar ya una política educativa que solo beneficia a unas minorías.
Reclamamos a los partidos políticos que concurren a estos comicios que el cambio educativo tiene que ser necesario y urgente con la nueva legislatura. La retirada completa de los recortes, la derogación de la LOMCE y la reforma universitaria del anterior gobierno de Partido Popular son inaplazables, para lo que es fundamental:
- Reconstruir la dignidad de la Educación Pública: la educación es un derecho universal y fundamental, tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, el éxito educativo para todo el alumnado, sea cual sea su origen y condición social. Es necesario incrementar su financiación hasta conseguir como mínimo el 7% del PIB.
- Para ello, es imprescindible poner en marcha el diálogo social y la participación democrática de toda la comunidad educativa.
- La educación no es un mercado: es ineludible detener la política de conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación pública. La red pública de centros tiene que garantizar el suficiente número de plazas para atender toda la demanda educativa. La educación pública tiene que ser el eje vertebrador del sistema y no estar en posición de subsidiariedad respecto a la privada.
- Educar de manera inclusiva, atendiendo adecuadamente y con los medios necesarios las desigualdades, incluyendo la coeducación y las diversidades afectivas. Una educación para la convivencia y la solidaridad.
- Una educación que respete las diferentes realidades nacionales del estado, con atención especial a sus lenguas y a sus culturas.
- Potenciación del diálogo social y negociador, tanto con la comunidad educativa como con el profesorado en las mesas sectoriales.
- La gestión democrática de los centros educativos, garantizando la participación de toda la comunidad educativa, es clave para la consecución de los fines propuestos en la planificación educativa.
- Establecimiento de plantillas docentes suficientes para atender todas las necesidades. Dignificación de la tarea docente y recuperación/restitución de los puestos de trabajo perdidos. Reducción drástica de la ratio de alumnado por aula.
- Reducción de la tasa de interinidad de manera inclusiva, a través de procesos de consolidación reales y con un sistema de acceso a la función docente diferenciado. Propugnamos denunciar el I Acuerdo para la mejora del empleo público por constituir una amenaza de exclusión laboral para el profesorado interino actual. Mientras esto se consigue, garantizar medidas de estabilidad en el empleo para las y los docentes interinos e interinas que no consigan la funcionarización.
- Por razones pedagógicas y para potenciar la renovación de las plantillas docentes, restablecimiento de la jubilación anticipada (LOE) en igualdad de condiciones para todo el profesorado, incluido el interino.
La Confederación de STEs-intersindical apela al nuevo gobierno resultante de estas elecciones generales de la necesidad inexorable de cambiar el modelo que rige el actual sistema educativo. Para conseguirlo, es fundamental que se abra una nueva era diálogo que permita cimentar una educación pública digna, democrática y no supeditada a intereses ajenos, tanto sean políticos-ideológicos como mercantiles. Ahora nos toca a las ciudadanas y ciudadanos decidir qué queremos. Movilicémonos con nuestros votos y hagamos fructífera nuestra lucha.
