La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado una serie de movilizaciones (ver archivo adjunto) entre las que se encuentra un día de Huelga General para toda la comunidad educativa en la Escuela Pública el próximo 9 de mayo.

Esta Plataforma la componen diversas organizaciones entre las que se encuentran algunos sindicatos (STES-Intersindical, CCOO, FETE-UGT y CGT), asociaciones de padres y madres (CEAPA), Sindicato de Estudiantes (SE) y otros colectivos como los Movimientos por la Renovación Pedagógica. El motivo de estas movilizaciones es la lucha contra los recortes y exigir la retirada de la LOMCE.

Realizadas las asambleas en todas las provincias, STE-CLM se une a la convocatoria de Huelga General en la Enseñanza Pública del día 9 de mayo.

STES-i CONVOCA MOVILIZACIONES CONTRA LOS RECORTES, POR LA RETIRADA DEL PROYECTO LOMCE, EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA.
Las medidas que están tomando el gobierno y las consejerías de educación van a suponer un retroceso, un empeoramiento de nuestro sistema educativo. Se está haciendo pagar a la educación pública, a la enseñanza una crisis que no provocó, pues ni siquiera en los momentos de mayor bonanza económica la inversión del PIB en educación se puso a la altura de la que realizan los países de nuestra área occidental y aquí habría que señalar, los centros que todavía tienen aulas prefabricadas o barracones, los miles de jóvenes que se venían quedando y se siguen quedando sin poder acceder a los ciclos formativos que elegían…

Nuestro gobierno, que se está mostrando muy obediente con todas las “órdenes” que vienen de Bruselas o Berlín, no ha atendido, sin embargo los pronunciamientos de organismos internacionales, como las declaraciones realizadas reiteradamente por la Comisaria de Educación de la Unión Europea, en las que dice que la lucha contra fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios es incompatible con los recortes del gasto educativo. Las autoridades no dejan de proclamar la importancia de la educación para el desarrollo económico y social del país, especialmente en estos tiempos de crisis que afrontamos, o a la reiterada afirmación del decisivo papel del profesorado en la educación de los jóvenes que no deja de sorprendernos, pues no se corresponde, en absoluto, con las medidas que toman ni con las descalificaciones hacia el profesorado que la derecha gobernante viene realizando.

La aplicación del RD-ley 14/2012, de 20 de abril, que es una de las normas legales más denostada de todas las que ha elaborado el gobierno, por las diferentes CCAA ha hecho que este curso se pueda calificar como el peor curso en el ámbito educativo desde la recuperación de la democracia. Este decreto, que provocó una huelga general en la enseñanza, marcó las líneas de por dónde quería y quiere el gobierno central que discurra la destrucción del sistema educativo tal y como lo conocíamos. Su aplicación ha traído el empeoramiento de las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza: el alumnado recibe sus enseñanzas en peores condiciones de lo que las recibía, hay más alumnado en las aulas, menos profesorado, menos atención al alumnado con necesidades educativas especiales… Y a este déficit hay que sumar la supresión del profesorado de apoyo en Ed. Infantil, el cierre de Escuelas Rurales, la desaparición de programas de apoyo y refuerzo, la restricción de la oferta de FP, la supresión de planes de convivencia, la subida del IVA al material escolar, la drástica disminución de las becas de comedor… y la no cobertura de las bajas del profesorado. En definitiva, que este RD está contribuyendo al empeoramiento de la calidad del sistema educativo, y al mismo tiempo está poniendo en peligro un servicio público que, junto a otros igualmente importantes, constituye la columna vertebral de la cohesión social del estado.

Por otro lado, y aunque el sistema educativo debe mejorar, hay que citar la muy positiva valoración del trabajo del profesorado, y por lo tanto de la enseñanza que imparte, que hace el conjunto de la sociedad, según afirman las diferentes encuestas tanto del CIS, como de Metroscopia lo que nos demuestra que la enseñanza que se imparte en los centros educativos cubre las expectativas que en el campo educativo tiene la sociedad. Para STES-i la mejora de la educación debe empezar por deshacer las medidas que está tomando el PP, lo que debería ser un compromiso público de los partidos que optan al gobierno.

El anteproyecto de contrarreforma del PP, la llamada “ley Wert”, es una gran línea roja que nuestro sistema educativo no se puede permitir cruzar, por eso pedimos su retirada, pues es un anteproyecto de ley que supone una contrarreforma ideológica, con fuerte ideología neoliberal conservadora, que contempla un ataque global a la enseñanza pública: se busca su desprestigio para que los padres y madres opten por la concertada, que es el objetivo de esta contrarreforma, el favorecer a la enseñanza privada y privada concertada, pues busca, en definitiva, la privatización del servicio público educativo.

El mecanismo es la elaboración de rankings, de clasificaciones de los centros basadas en los resultados del alumnado. Como quiera que el alumnado de los centros privados se selecciona de diversas maneras, también a través de las cuotas “voluntarias” y de la desviación hacia los centros públicos del alumnado con dificultades de cualquier índole, y dado que el sistema educativo que implica está Ley se basa en enseñar para superar las pruebas estandarizadas basadas en las competencias básicas, una vez empobrecida la escuela pública (como está ocurriendo), y manteniendo los medios a los centros concertados, no queda más que implantar reválidas, comparar resultados y publicarlos, para animar así a que los padres y madres busquen centros privados, lo que les permitiría la continua ampliación de los conciertos, dando cauce a “q) La libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.”, nuevo principio que debe inspirar el sistema educativo, que se contiene en la LOMCE para añadir a los que contempla la LOE. Y el PP a seguir con la llamada libertad de elección de elección de los padres, a fomentar la huida del alumnado hacia el sector privado…, lo que se verá favorecido con el “distrito único escolar” que se está implantando. Todo para favorecer el negocio de la enseñanza, pues los centros educativos privados, como empresas que son, buscar ganar dinero, aunque algunas buscan también el adoctrinamiento.

Ante estas medidas, se sigue reclamando el “pacto escolar”, el ponerse de acuerdo con el sistema educativo, lo que no es posible en un país cuyo sistema educativo tiene dos peculiaridades muy problemáticas: los centros privados que reciben dinero público y la presencia de la iglesia católica en los centros y en el negocio de la enseñanza. A los STES-i no nos sirve un pacto escolar como el que se ha venido propugnando estos años por la mayoría de organizaciones, en el que se situa

ba en el mismo plano a la enseñanza pública y a la concertada, no nos sirvió hace unos años, y no nos sirve ahora.
Los STES-i defendemos y propugnamos que el derecho a la educación exige un compromiso social, un pacto por la enseñanza pública, como reclamábamos entonces y reclamamos ahora, un “compromiso social por la escuela pública”, que es la que vertebra nuestro sistema educativo, la que está en todos los pueblos y ciudades, y a la que asiste cerca del 67% del alumnado del conjunto del Estado, aunque este porcentaje va disminuyendo año a año por las políticas neoliberales que se viene aplicando.

Creemos necesario repensar desde la izquierda cómo y quién debe prestar el servicio público a la educación, cómo y quién puede y debe ser garantía del derecho a la educación de la ciudadanía de un país; los STES planteamos que deben ser los poderes públicos, por eso nos opusimos a la LOE, pues en artículo 108.4., permite, con lógica neoliberal, que el Estado haga dejación de una de sus obligaciones fundamentales cuando afirma que “La prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados.”.
Y en estos momentos en los que estamos viendo cómo una buena parte de la sociedad no sólo se aleja de los partidos, del parlamento y de los sindicatos mayoritarios, sino que se pone claramente en contra, y, como creemos en que estas instituciones son necesarias para el funcionamiento democrático de la sociedad, creemos que es bueno y que es necesario hacer autocrítica y desde STES-i entendemos que la izquierda debe hacerla reconociendo los errores cometidos en la LODE (que implanta el sistema de conciertos económicos con los centros privados) y en la LOE, pues estos errores son en gran parte responsables de la política de privatizaciones que estamos viendo en muchas comunidades, y son antecedentes de lo que la LOMCE contiene y nos muestra lo que pasará a gran escala si la LOMCE llegara a aplicarse.

Los STES estamos difundiendo el contenido de la LOMCE y lo que puede significar, las consecuencias que su aplicación puede acarrear no sólo al sistema educativo, sino al conjunto de la sociedad, y se nos pregunta reiteradamente por nuestras reivindicaciones ante esta situación, y nuestra respuesta es breve y concisa: volver a las condiciones en las que el alumnado recibía sus clases en el curso 2009-2010 y a las condiciones laborales del profesorado en ese curso. Y no es porque estuviéramos en el mejor de los mundos, pero si estábamos en unas condiciones que, aunque podían mejorarse, permitían avanzar en la mejora del sistema educativo.

El Consejo Escolar del Estado, como órgano consultivo en el que está representada la comunidad educativa, debería haber rechazado el anteproyecto LOMCE, y así lo propusimos desde STES-i, y así lo hizo más del 60% de los miembros electos de los diversos sectores de la comunidad educativa representada en el Consejo, aunque los miembros que representan al MEC y a las diferentes administraciones, sumados a las personas que representan a la enseñanza privada, sumaron sus votos y aprobaron continuar con el trámite de la ley. Pero se demostró que la comunidad educativa del conjunto del Estado rechaza el contenido de esta ley.

Los STES-i también nos hemos personado ante el Consejo de Estado planteando nuestra crítica a esta ley y pidiendo que se devuelva al Consejo, añadiendo a nuestra crítica la denuncia de que no se ha pasado por la Mesa Sectorial de negociación entre el MEC y los Sindicatos, como es preceptivo, pues afecta a las condiciones de trabajo del profesorado.

Desde STES-i propusimos al conjunto del Profesorado, a las Mareas y Plataformas, así como a la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública continuar con las movilizaciones contra los recortes en educación, contra la LOMCE y en defensa de la enseñanza pública. Las movilizaciones unitarias que organicemos deben coincidir con el trámite parlamentario, para conseguir que esta ley no se apruebe. Estas movilizaciones deben coordinación con el resto de movilizaciones existentes contra las políticas sociales y económicas del PP, para unir fuerzas en defensa de los servicios públicos y de los derechos de la ciudadanía.

Augusto Serrano, miembro del Secretariado de STES-i







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Cal_Moviliz_PlataformaEstatalEscPublica_Abil-Mayo_2013.pdf  

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