El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asesoría Jurídica de STE-CLM contra la resolución dictada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de fecha 10 de enero, sobre la RELACIÓN DE ALUMNOS POR AULA.

Recordamos que esta Resolución de enero, en conjunción con sus precedentes, mantenía para el curso 2019-20 unas ratios en algunos niveles por encima de lo que marcaba la LOE al amparo del artículo 2 del RDL 14/2012. Este artículo fue derogado por la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, publicada el 8 de marzo en el BOE, cuyas previsiones, entrarán en vigor el próximo curso.

Desde entonces, no hemos tenido noticias de la Administración, por más que hemos presionado, acerca de cómo se va a implementar esta Ley en Castilla-La Mancha, en la que, aparte de las ratios, también se recomienda que “Las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos, recomendándose con carácter ordinario un máximo de veintitrés horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por dicha Ley Orgánica”.

La intención de la actual Consejería de Educación, si mantiene lo reglamentado hasta la fecha y que STE-CLM ha recurrido en el TSJ, es mantener 28 alumnos en 4º , 5º y 6º de primaria, 36 alumnos en 3º y 4º de secundaria y 40 en bachillerato para el próximo curso 2019-20. Estas ratios son doblemente ilegales, ya que incumplen lo dispuesto, para el próximo curso, tanto en la citada Ley 4/2019, como en la Disposición adicional 21ª de la Ley 1/2016 de Presupuestos Generales de la JCCM.

Desde STE-CLM exigimos que se rectifique de inmediato para poder hacer una buena gestión y planificación del próximo curso. Parece que los responsables de la actual Consejería no tuvieron suficiente con la forma chapucera de bajar el horario de 21 a 20 periodos lectivos en septiembre de 2017 y los daños colaterales que provocó al inicio de ese curso escolar la falta de planificación en la organización de los centros.

Mantener estas ratios es gravísimo. Muchos equipos directivos están denunciando que desde el Servicio de Inspección Educativa se les está dando instrucciones para planificar el próximo curso con estas ratios contrarias a la Ley. Los mayores perjudicados por este incumplimiento serán, nuevamente, las alumnas y alumnos castellano-manchegos, que ya fueron los más dañados por los recortes de Cospedal y continuarán sufriendo las ratios más elevadas de España. Según lo establecido legalmente, la Administración está obligada a reducir las ratios, crear grupos nuevos y así aumentar la plantilla del profesorado, mermada desde el 2011 y que apenas ha recuperado un 38% de las plazas destruidas en el periodo Cospedal. Modificar las ratios, junto con rebajar el horario lectivo del profesorado como la propia Ley 4/2019 recomienda en su artículo único, sería lo mínimo que la actual Administración del PSOE y Podemos deberían de hacer antes de finalizar esta legislatura, si, verdaderamente creen en la defensa de los servicios públicos.

Estamos en pre-campaña de las elecciones regionales. Esta medida es una línea roja en la recuperación de los recortes por lo que desde STE-CLM vemos imprescindible que sea uno de los puntos que entren en el debate electoral y le exigimos a los candidatos a presidir la Junta de Comunidades que se impliquen con la educación pública y expliquen a todos los castellano-manchegos qué medidas de mejora van a aplicar en nuestra región en los próximos 4 años.

STE-CLM continuará con su campaña de movilización a través de las redes sociales para que el profesorado transmita su malestar y se negocie YA con sus representantes la aplicación de lo legalmente establecido en Castilla-La Mancha.

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