EL PLAN DE AUSTERIDAD NO AFECTA
A LA ENSEÑANZA CATÓLICA EN CASTILLA-LA MANCHA
Intersindical de Castilla-La Mancha manifiesta su rechazo a la firma del acuerdo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Diócesis de la provincia Eclesiástica de Toledo en materia de enseñanza de la religión católica y su profesorado, que se ha producido el 14 de abril de 2010.
Este acuerdo supone perpetuar los privilegios de la iglesia en la sociedad Castillano-Manchega, aportando dinero público para que éstos puedan seguir adoctrinando a la sociedad desde la más tierna infancia. Desde Intersindical de CLM, exigimos la ruptura de los acuerdos con la Santa Sede en materia de educación, porque entendemos que la catequesis se debe de impartir fuera del horario escolar y en los templos que es el ámbito natural para esta formación.
En dicho convenio y en base al Acuerdo preconstitucional entre el Estado Español y la Santa Sede se establece el marco que ha de regir la enseñanza de la religión católica y su aplicación a “aquellas personas que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan” dicha enseñanza en los centros públicos de nuestra región. Dichas personas serán propuestas por el Ordinario de la Diócesis, lo que entra en contradicción con el apartado 5 de la cláusula 4ª que establece que “el acceso al destino se efectuará de conformidad con criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad”. No nos queda muy claro este tema, si la selección se hace a dedo ¿Cómo se respeta los criterios de igualdad, mérito y capaciadad?. La Iglesia decide y los ciudadanos pagamos.
En el apartado segundo del acuerdo se establece que se pueden celebrar actividades regiosas en los centros, ¿acaso estos son iglesias?, y los derechos del resto del alumnado, ¿quién los respeta?, porque recordemos que en los centros puede haber diferentes creencias religiosas e incluso el Consejo Escolar está obligado a respetarlas. Y por supuesto la mejor manera de respetar las creencias individuales del profesorado y alumnado del centro es no haciendo ningún tipo de actividad vinculada a ninguna creencia.
En el punto cuarto, establece los requisitos para impartir enseñanzas de religión católica, sin embargo, permite que impartan estas clases en centros educativos a otros catequistas que no tengan la titulación para impartir clase en esta etapa, sin establecer ni siquiera un perido transitorio en el que deberían tener la titulación. ¡Qué seriedad en la enseñanza! En este mismo punto también establece que se computará la experiencia docente de estos catequistas, designados a dedo, a los efectos oportunos. ¿Cómo es posible que una administración valore los servicios prestados por un personal designado a dedo? ¿Dónde están los principios de igualdad, mérito y capacidad?
En el punto quinto establece que en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación habrá un profesor de religión católica para tareas de asesoramiento, ¡qué curioso!, ¿pero no es la iglesia y el ordinario del lugar el que dicta que enseñanzas se tienen que impartir y la metodología que tiene que utilizar? Pero más curioso es que la mayor parte de las áreas del currículo reconocidas en el RD de especialidades no tengan asesor y si lo tenga la religión católica. ¿Tendrán todas las religiones que hay en Castilla-La Mancha un asesor?
Además se le permite a la iglesia católica firmar convenios con la Consejería de Educación y Ciencia para realizar cursos de formación del profesorado.¿Pero estos cursos serán para todo el profesorado que quiera hacerlos o sólo para los que designe el ordinario del lugar?
Pero no todo lo que viene en este acuerdo es malo, se reconoce que los materiales curriculares de estas enseñanzas tendrán que respetar los derechos y deberes constitucionales, por tanto no podrán recriminar aspectos tales como: la planificación familiar, el aborto, el divorcio… que son derechos de los ciudadanos
La prueba de que el Plan de Austeridad auspiciado por la Junta no afecta para nada a las partidas del dinero público que van a parar a manos de la Iglesia y de sus fines, es el hecho de que además de aceptar sin rechistar el pago de esas 840 nóminas que pagamos todos (católicos y no católicos), el convenio también establece una subvención por alumno para los Seminarios Menores Diocesanos, así como un sistema de becas para dichos alumnos, con el agravante de que en las ayudas de residencia no se tendrá en cuenta la proximidad del centro al domicilio familiar. Este régimen de conciertos, becas y subvenciones abarca a todos “los centros católicos diocesanos, de religiosos y laicos homologados como católicos”.
El arzobispo de Toledo destacó la celeridad en la redacción y firma de este convenio, lo que demuestra la fluida relación que existe entre ambos estamentos. Ni qué decir tiene que ni en la negociación ni en la firma ha intervenido ninguna organización sindical, ni siquiera aquellas que defienden específicamente los intereses del profesorado de religión y máxime cuando en el acuerdo se recogen aspectos que afectan a sus condiciones laborales.
